Ronald Guzmán, académico de Ingeniería Civil en Minería de la Universidad del Desarrollo (UDD), advierte sobre las graves consecuencias que enfrenta Chile frente a la ralentización de proyectos en tribunales ambientales y propone medidas para recuperar la competitividad.
Durante los últimos años, el debate económico en Chile se ha centrado en la complejidad de los trámites para aprobar proyectos de inversión, la llamada permisología. Actualmente se ha comenzado a plantear un fenómeno diferente, pero relacionado: la judicialización de las iniciativas una vez que han concluido su evaluación ambiental.
De acuerdo con un reciente informe de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), al cierre del segundo semestre de 2025, los tribunales ambientales acumulaban 52 causas en trámite, correspondientes a 48 proyectos de inversión y a un monto comprometido cercano a los US$11.930 millones, el nivel más alto registrado al término de un semestre. Además, los tiempos promedio para obtener sentencia alcanzaron un máximo histórico de 784 días durante el segundo semestre de 2025.
En tanto, un informe -también reciente- elaborado por la Sociedad de Fomento Fabril, (Sofofa Prisma) indicó a su vez que los proyectos de inversión pueden estar en promedio casi un año y medio en Tribunales Ambientales.
“Discutir demasiadas veces lo mismo”
Durante el año el cobre ha tenido un precio históricamente alto, con un promedio de US$5,95/lb en la LME (según datos de Cochilco). El académico de Ingeniería Civil en Minería, Ronald Guzmán, analiza cuánto terreno pierde el país cuando los proyectos quedan entrampados en tribunales. Según el experto, Chile pierde «en tres dimensiones: capital detenido, participación de mercado y oportunidad histórica».
El académico advierte sobre la pérdida de cuota de mercado en minería, señalando que «Chile pasó de producir cerca del 30% del cobre mundial a un 24% en una década». Sin embargo, destaca que el costo más grave es el de la oportunidad, ya que es irrecuperable. «La ventana de la transición energética tiene fecha, cada año de litigio no es un año ‘en pausa’, es demanda que otro distrito minero capturará», enfatiza Guzmán.
El experto subraya que según datos de la CPC «el 64% de las sentencias de los tribunales ambientales rechaza las reclamaciones y ratifica la decisión administrativa, y en la Corte Suprema el 76% de las casaciones corre la misma suerte».
Por lo tanto, concluye que el problema real no es que el Estado esté decidiendo mal, sino que el sistema actual permite «discutir demasiadas veces lo mismo».
Esta constante ralentización tiene un fuerte impacto en el tejido productivo regional, congelando los contratos que sostienen a las pymes locales y frenando la generación de miles de empleos. «Lo más regresivo es que este costo lo paga el territorio que supuestamente se protege: la región queda con el conflicto y sin el desarrollo, mientras la discusión se resuelve en Santiago», señala el experto.
Propuestas
Para devolver previsibilidad a la inversión minera sin debilitar la protección ambiental ni los derechos de la ciudadanía, Guzmán plantea avanzar hacia una evaluación basada en estándares técnicos definidos de manera previa, pública y medible. Esto permitiría evitar que la autoridad evaluadora deba volver a discutir los criterios aplicables en cada proyecto.
También propone racionalizar las vías de impugnación, estableciendo una única instancia administrativa y una sola instancia judicial especializada, ambas sujetas a plazos fatales de resolución. A ello suma la necesidad de adelantar la participación ciudadana y hacerla vinculante durante la etapa de diseño del anteproyecto, con el propósito de incorporar las observaciones de las comunidades antes de que las iniciativas estén completamente definidas y reducir así la judicialización tardía.
Finalmente, recomienda exigir un monitoreo continuo y transparente de las operaciones, con información abierta y accesible para las comunidades. Según Guzmán, disponer de datos oportunos y verificables permitiría abordar tempranamente las controversias y evitar que los conflictos terminen trasladándose a los tribunales.
