El Ministerio de Minería abrió una consulta pública que estará disponible hasta el 19 de noviembre. El proceso busca medir los avances alcanzados desde la publicación de la política, detectar brechas y revisar metas frente a los nuevos desafíos de la industria.
El Ministerio de Minería inició formalmente el proceso de evaluación de la Política Nacional Minera 2050, instrumento que define los principales lineamientos de largo plazo para el desarrollo del sector en Chile.
La revisión forma parte del compromiso de actualizar la política cada cinco años y busca analizar su desempeño desde su publicación, identificar avances y brechas y reconocer nuevos desafíos y oportunidades para la industria.
Como parte del proceso, el ministerio abrió el 8 de octubre una consulta pública dirigida a ciudadanos y actores vinculados al sector minero. La instancia estará disponible durante 30 días hábiles, hasta el 19 de noviembre de 2026.
Los antecedentes recopilados serán posteriormente sistematizados e incorporados a la evaluación de la política y servirán como insumo para el proceso de actualización que el Gobierno prevé ejecutar durante 2027.
Desde el Ministerio de Minería señalaron que la revisión cobra especial importancia debido a la velocidad con que está cambiando la industria y al hecho de que algunas de las metas planteadas originalmente ya habrían sido alcanzadas.
La Política Nacional Minera 2050 fue diseñada como una política de Estado destinada a orientar el desarrollo de la minería chilena en el corto, mediano y largo plazo, considerando dimensiones económicas, sociales, ambientales y de gobernanza.
Su elaboración original involucró a más de 3.500 actores, nueve comisiones técnicas y más de 200 expertos, además de mesas de trabajo regionales y mecanismos de participación pública.
La evaluación ocurre en un escenario significativamente distinto al existente durante la construcción inicial del instrumento.
Entre los nuevos desafíos aparecen la necesidad de aumentar la producción de cobre, acelerar proyectos de inversión, responder al crecimiento de la demanda por minerales críticos, incorporar nuevas tecnologías, fortalecer la disponibilidad hídrica y energética y mejorar la relación de las operaciones con sus territorios.
La actualización también permitirá revisar el grado de cumplimiento de las metas existentes y determinar cuáles requieren modificaciones en función de las nuevas condiciones económicas, tecnológicas y regulatorias.
El proceso abre así una nueva etapa de discusión sobre qué condiciones deberá desarrollar Chile para mantener su liderazgo minero en las próximas décadas y cómo traducir su disponibilidad de recursos minerales en mayor inversión, productividad y desarrollo sostenible.
