El organismo detectó problemas jurídicos en disposiciones sobre energía, aguas y telecomunicaciones, retrasando parte de la implementación de la reforma destinada a agilizar inversiones.
La Contraloría General de la República decidió no dar curso al Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 2026 del Ministerio de Economía, instrumento destinado a adecuar distintas disposiciones legales a la nueva Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales.
La decisión se produjo luego de que el organismo identificara observaciones jurídicas en materias relacionadas con servicios eléctricos, geotermia, aguas, telecomunicaciones y otras áreas reguladas.
El pronunciamiento obliga al Ejecutivo a corregir el texto antes de reingresarlo para su revisión, introduciendo un retraso en una de las etapas de implementación de la reforma de permisos.
Observaciones afectan normas de distintos sectores
El decreto observado tenía como objetivo introducir adecuaciones en diversas disposiciones legales para facilitar la aplicación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales.
Esta normativa busca modernizar y simplificar los procedimientos administrativos asociados a permisos necesarios para desarrollar proyectos de inversión.
Sin embargo, durante su revisión, Contraloría identificó problemas jurídicos en determinadas disposiciones del decreto.
Las observaciones abarcan materias relacionadas con servicios eléctricos, geotermia, aguas y telecomunicaciones, entre otras áreas.
La decisión implica que el instrumento no puede continuar su tramitación en los términos presentados y deberá ser corregido por el Gobierno.
No obstante, el pronunciamiento no significa que la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales haya sido invalidada.
La observación se refiere a uno de los instrumentos normativos destinados a facilitar su implementación.
Reforma busca reducir tiempos de tramitación
La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales forma parte de las principales iniciativas destinadas a mejorar la eficiencia de los procedimientos administrativos asociados a inversiones en Chile.
Su objetivo es establecer mecanismos que permitan reducir tiempos de tramitación, mejorar la coordinación entre organismos públicos y entregar mayor certeza a los titulares de proyectos.
La reforma considera herramientas de simplificación administrativa y cambios en la gestión de permisos sectoriales.
Estas modificaciones adquieren especial relevancia para actividades intensivas en capital, como minería, energía e infraestructura.
En estos sectores, la ejecución de proyectos requiere obtener múltiples autorizaciones de organismos públicos, cuyos procedimientos pueden extenderse durante períodos prolongados.
Por esta razón, la implementación efectiva de la ley es considerada un elemento relevante para mejorar las condiciones de inversión.
Impacto para proyectos mineros y energéticos
La decisión de Contraloría introduce una dificultad adicional en el proceso de implementación de la reforma.
Aunque no modifica directamente las autorizaciones ya otorgadas ni implica la suspensión general de los proyectos, retrasa la entrada en aplicación de las adecuaciones contempladas en el decreto observado.
Para la minería, la simplificación de permisos constituye una materia especialmente relevante debido a la magnitud de las inversiones y los extensos períodos de desarrollo de los proyectos.
Las compañías requieren autorizaciones relacionadas con infraestructura eléctrica, uso de agua, obras industriales y otras actividades complementarias.
La coordinación entre estos procedimientos puede influir en los calendarios de construcción y puesta en marcha.
En este contexto, la necesidad de corregir el decreto muestra que la modernización del sistema de permisos también enfrenta desafíos de implementación jurídica y administrativa.
Gobierno deberá presentar nuevo texto
Tras el pronunciamiento, el Ministerio de Economía deberá revisar las observaciones formuladas y preparar las modificaciones necesarias.
El instrumento corregido deberá ser sometido nuevamente al procedimiento correspondiente para continuar su tramitación.
Por ahora, no existe una fecha confirmada para completar este proceso.
La evolución de la normativa dependerá de la capacidad del Ejecutivo para resolver las observaciones y asegurar su compatibilidad con el marco legal vigente.
La decisión también pone de relieve la importancia de contar con instrumentos jurídicamente consistentes para aplicar reformas administrativas de amplio alcance.
Certeza regulatoria como factor de competitividad
El pronunciamiento de Contraloría se produce en un contexto de creciente preocupación por los plazos de tramitación de proyectos de inversión.
La industria minera ha planteado reiteradamente la necesidad de mejorar la eficiencia de los procesos de autorización, manteniendo los estándares ambientales y técnicos establecidos en la legislación.
En este escenario, la reforma de permisos representa una oportunidad para reducir incertidumbre y mejorar la planificación de inversiones.
Sin embargo, su efectividad dependerá de la calidad de los instrumentos que permitan aplicarla y de la capacidad de coordinación de los organismos públicos.
La devolución del decreto no altera los objetivos generales de la ley, pero introduce un nuevo desafío para su implementación.
El avance de las correcciones será determinante para establecer cuándo podrán aplicarse las modificaciones contempladas en este instrumento.
