La minería submarina se encuentra en el centro de un debate polémico a medida que se acerca la decisión del 25 de julio sobre su futuro en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM), que tiene jurisdicción sobre las zonas marítimas fuera de las aguas territoriales. En este contexto, Sandor Mulsow, PhD en geología, y Gastón Fernández, abogado especializado en derecho minero, aportan información crucial sobre las dinámicas en juego. La realidad es que actualmente la Metal Company de Canadá (TMC) es la única empresa que está lo suficientemente madura para llevar a cabo proyectos de minería submarina a más de 4.5 km de profundidad, aún a pesar de la prohibición del avance en estas actividades por falta de regulación adecuada y la creciente oposición ambientalista.
Con tres concesiones de exploración bajo las banderas de Nauru, Tonga y Kiribati, TMC se posiciona como un jugador clave en este sector, a pesar de que el panorama competitivo se está diversificando. A nivel global, ha habido un interés creciente por parte de diversas naciones y empresas en la explotación de los recursos minerales submarinos. Estados como Alemania, Japón, Corea del Sur, y China, entre otros, están explorando oportunidades, mientras que nuevas startups, como Met5ales Imposibles, buscan posicionarse en el mercado, aunque con recursos limitados.
A medida que se intensifican las disputas en torno a la regulación del sector, entra en juego la controvertida legislación estadounidense, el Deep Seabed Hard Mineral Resources Act (DSHMRA), que permite a Estados Unidos establecer un marco de operación en aguas internacionales sin estar sujeto a la regulación de la AIFM. Esta nueva regulación ha levantado preocupaciones sobre la falta de controles ambientales y de responsabilidad en la minería submarina, a la vez que crea un ambiente competitivo desigual para las minerías terrestres, que están sujetas a regulaciones más estrictas.
Con el DSHMRA, TMC ha tenido la capacidad de solicitar permisos para explorar y extraer mineral bajo un sistema que evita costos significativos en licencias o impuestos. Esto ha llevado a la preocupación de que esta falta de regulación ambiental podría llevar a una explotación destructiva de los ecosistemas marinos. Oceanógrafos y ambientalistas advierten que el avance de este tipo de minería puede impulsar daños irreparables en el medio ambiente, un costo que no se está tomando en cuenta en el afán de sacar provecho económico.
En conclusión, el refrán ‘el río trae piedras’ puede sonar como una simple metáfora, pero está profundamente arraigado en la realidad de la minería submarina actual. Con el avance de las legislaciones de EUA, el futuro de la minería submarina fuera de la CONVEMAR plantea grandes interrogantes sobre la regulación, la ética y la sostenibilidad. Tanto Mulsow como Fernández coinciden en que es imperativo desarrollar un marco normativo que promueva no solo la rentabilidad económica, sino también la protección del océano y sus ecosistemas, evitando que la ambición de obtener recursos a corto plazo comprometa la salud de nuestro planeta.
