El gremio pidió revisar la acreditación de trabajo efectivo y los efectos de la Ley SBAP para asegurar que las rebajas puedan aplicarse en la práctica.
La Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y de Dueños de Concesiones Mineras (AGRUMIN) planteó ante la Comisión de Minería y Energía del Senado una serie de reparos al proyecto que modifica el régimen de amparo minero, advirtiendo que los cambios propuestos podrían tener un efecto limitado si se mantienen otras barreras que enfrenta el sector.
El gremio expuso sus observaciones durante la discusión de las modificaciones al Código de Minería y las leyes N°21.420 y N°21.649, poniendo especial énfasis en las condiciones que deberán cumplir los pequeños y medianos productores para acceder a patentes rebajadas.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la exigencia de acreditar trabajo efectivo en las concesiones. AGRUMIN sostiene que mantener este requisito podría dejar la aplicación del beneficio sujeta a los criterios utilizados por las distintas direcciones regionales de Sernageomin.
“Valoramos que se esté revisando el régimen de patentes, pero una modificación legal debe traducirse efectivamente en mejores condiciones para quienes desarrollan pequeña y mediana minería”, señaló el presidente de AGRUMIN, Patricio Gatica.
El dirigente agregó que si se mantienen requisitos que dificulten el acceso efectivo a las rebajas, la reforma podría no generar los resultados esperados para este segmento de la industria.
Sitios prioritarios y acceso al SEIA
AGRUMIN también puso el foco en los efectos de la Ley N°21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), particularmente en la definición de Sitios Prioritarios para la conservación de la biodiversidad.
Según el gremio, este aspecto debe ser abordado en paralelo a la reforma de las patentes, debido a las restricciones que podría generar sobre territorios donde actualmente se desarrollan o proyectan actividades productivas.
Como ejemplo, AGRUMIN presentó ante la comisión el caso del sitio prioritario La Roblería-Cordillera de la Costa Norte y Cocalán, en la Región de O’Higgins, mostrando su extensión y superposición con zonas donde se desarrollan distintas actividades.
La organización propuso además establecer criterios diferenciados para determinar cuándo los proyectos de pequeña y mediana minería deben ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Su planteamiento considera que las operaciones con una producción de hasta 10.000 toneladas mensuales puedan operar mediante declaración jurada; aquellas entre 10.000 y 40.000 toneladas mensuales, mediante permisos sectoriales; y que el ingreso al SEIA se aplique sobre las 40.000 toneladas mensuales.
Gremio propone mesa técnica
AGRUMIN manifestó su disposición a participar en una mesa técnica con el Senado y las autoridades para revisar aquellos aspectos del proyecto que, a su juicio, requieren mayor precisión antes de convertirse en ley.
“Queremos contribuir a construir una legislación que entregue certezas, que sea aplicable en la realidad de las faenas y que permita que la pequeña y mediana minería pueda desarrollarse”, afirmó Gatica.
La representación del gremio ante la comisión estuvo integrada además por el vicepresidente Fernando Gattas; el director jurídico Juan Carlos Urquidi; y el director Jorge Pavletic.
En la sesión participaron también el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; el subsecretario de Minería, Álvaro González; y los exministros Ignacio Briones y Álvaro García.
La discusión se produce mientras avanza la reforma al sistema de amparo minero, pero AGRUMIN plantea que su impacto sobre la pequeña y mediana minería dependerá no solo de modificar el régimen de patentes, sino también de resolver las condiciones regulatorias que determinan si los productores pueden efectivamente desarrollar sus concesiones.
