Ayer la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional aprobó en general la iniciativa “Derecho de los pueblos y naciones preexistente a la tierra, territorio, recursos y bienes naturales” patrocinada por los constituyentes Natividad Llanquileo, Francisca Linconao, Victorino Antilef, Isabel Godoy, entre otros.
La propuesta plantea la creación de una comisión especial para desarrollar e impulsar las bases de una política de catastro y restitución de las tierras, aguas, territorios indígenas históricos y espacios sagrados. Su misión será la de informar al Gobierno sobre las demandas de restitución de tierras, que tengan el informe de factibilidad aprobado por la actual Corporación Nacional de Desarrollo Indígena pendiente de ejecución, para que en el plazo de ocho meses se termine la adquisición, explica la propuesta.
Además, la propuesta indica que las tierras indígenas históricas catastradas que estén en posesión del fisco serán transferidas a título gratuito a las comunidades indígenas respectivas. El segundo artículo propone anular los permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación mineras, áridos, aguas, forestales, megaproyectos de generación eléctrica que recaigan sobre bienes naturales ubicados en territorios indígenas, cuando hayan sido otorgados sin el consentimiento previo de las comunidades. “Se evaluará un nuevo otorgamiento de estos permisos en un plazo no mayor a dos años después de los correspondientes procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado (…) con las comunidades”, dice el documento.
Como se trata de una propuesta, ésta puede recibir cambios e indicaciones durante febrero. Además, falta todavía la votación del pleno de la Convención. La constituyente Natividad Llanquileo celebró la aprobación. “Es un buen inicio para dar respuesta a una demanda que es histórica por parte de los pueblos originarios (…) a través de este proceso constituyente queremos avanzar en dar respuesta a este requerimiento tan relevante por la restitución de los territorios”, dijo. Eso sí, Llanquileo precisó que la comisión que se conforme “tiene que hacer una evaluación en cada caso, somos conscientes de la realidad del país”.
Por otra parte, el constituyente Bernardo Fontaine aseguró estar de acuerdo en “buscar un alivio económico” a los pueblos originarios, pero afirmó que consideraba esta norma “muy ambiciosa” porque no se especifica qué se considera por territorios indígenas antiguos.
Algunas reacciones del sector
En los gremios de distintos sectores económicos no fue bien recibida la iniciativa. Para Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile, esta propuesta no contribuye a generar un clima de certeza jurídica, y el presidente de la Corporación Chilena de la Madera, Juan José Ugarte, dijo que estarán atentos a la discusión e interesados en colaborar con su visión. “La iniciativa votada es relevante, aunque esperamos pueda ser mejorada en la discusión futura y con participación de otros actores antes de su ingreso al plenario”, afirmó.
