La empresa retiró sus recursos contra el rechazo del proyecto, mientras solicitudes de invalidación mantienen abierta una nueva discusión ante el SEA.
Andes Iron desistió de los recursos de casación y queja que mantenía ante la Corte Suprema por el proyecto minero-portuario Dominga, cerrando esa vía judicial y dejando vigente lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Antofagasta respecto del rechazo ambiental de la iniciativa.
La decisión cambia nuevamente el escenario para el proyecto de aproximadamente US$3.000 millones, que busca desarrollarse en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo. En febrero de 2026, la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó el rechazo dispuesto por el Comité de Ministros en 2025, tras lo cual Andes Iron recurrió ante la Suprema.
El máximo tribunal ya había estudiado los antecedentes de la causa, pero el desistimiento impide que exista un pronunciamiento sobre esos recursos.
La estrategia se traslada al SEA
Pese al cierre de esta vía judicial, la discusión sobre Dominga podría continuar en sede administrativa. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) admitió recientemente a trámite solicitudes de invalidación contra la resolución del Comité de Ministros de enero de 2025.
La propia Andes Iron explicó que esta situación motivó el cambio de estrategia. Según la compañía, la tramitación de sus recursos ante la Suprema había detenido el avance de las solicitudes de invalidación, por lo que decidió retirarlos para “no obstaculizar su avance”.
La empresa sostiene que la sentencia del Primer Tribunal Ambiental respaldó la evaluación ambiental del proyecto y cuestiona la resolución posterior del Comité de Ministros. Con el desistimiento, el foco pasa ahora al procedimiento administrativo ante el SEA y al eventual desarrollo de las solicitudes de invalidación.
Un proyecto con una extensa tramitación
Dominga acumula más de una década de tramitación ambiental y judicial. En febrero pasado, Andes Iron había señalado que continuaría explorando las alternativas jurídicas disponibles después del fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
La compañía había recurrido posteriormente a la Corte Suprema y solicitado suspender los efectos de esa resolución. Su decisión de abandonar ahora esos recursos cierra esa etapa, pero no necesariamente la controversia administrativa en torno al proyecto.
El futuro de Dominga dependerá así del desarrollo de las solicitudes de invalidación actualmente tramitadas ante la institucionalidad ambiental y de las decisiones que adopten los organismos competentes.
