Por Patricio Turner, asociado senior del área de Minería de Cariola Díez Pérez-Cotapos
La minería ha sido uno de los pilares del desarrollo de Chile. Desde el salitre hasta el cobre, ha contribuido a financiar infraestructura y servicios públicos, generar empleo y conectar al país con los mercados internacionales. Sostener ese aporte exige convertir nuestro potencial geológico en nuevos proyectos y oportunidades.
El escenario internacional abre un horizonte para Chile. La expansión de las redes eléctricas, los vehículos eléctricos y los centros de datos requerirá más cobre. Según S&P Global, la demanda mundial podría aumentar de unos 28 millones de toneladas anuales en 2025 a 42 millones en 2040, un incremento del 50%. Aprovechar esa demanda exige preparar hoy los proyectos que podrán abastecerla. Como país, no podemos darnos el lujo de dejar pasar esta oportunidad.
Sin embargo, la inversión en nuevos proyectos aún tiene un rol limitado. Según Cochilco, solo el 19% de la inversión contemplada en la cartera minera 2025–2034 corresponde a proyectos greenfield, que habilitan nuevos yacimientos y minas. El 81% restante se concentra en reposición y expansión de operaciones existentes. Ambas inversiones son necesarias, pero renovar la base productiva exige dar mayor impulso a la exploración.
Ese esfuerzo requiere tiempo, recursos y disposición a asumir riesgos. Entre un prospecto y una operación viable median años de estudios, evaluaciones y búsqueda de financiamiento. Cuando el costo de mantener una concesión aumenta, puede dificultar el desarrollo de proyectos, especialmente para pequeños productores y empresas junior.
En ese contexto, la reforma al amparo minero, aprobada por el Congreso y despachada al Ejecutivo, representa un avance. El texto elimina el cobro progresivo de patentes, amplía las causales de rebaja y simplifica requisitos. Además, incorpora la entrega de información geológica, con recepción conforme certificada por Sernageomin, como una vía para acceder al beneficio.
Esta reforma, impulsada por el Ejecutivo a través de los ministerios de Minería y Hacienda va en la dirección correcta. Costos previsibles y procedimientos claros permiten planificar y destinar más recursos al desarrollo de proyectos.
Lo que está en juego trasciende al sector. En un contexto de alto desempleo y bajo crecimiento, Chile necesita inversión. La minería puede ser parte de la solución al impulsar las economías regionales, generar nuevas oportunidades de trabajo y aportar recursos fiscales para atender las necesidades del país. La reforma al amparo minero puede contribuir a ese propósito, por el bien de todos los chilenos.
