Una orden ejecutiva de Trump abre paso a licencias unilaterales para extraer metales del lecho marino, pese a la oposición de 37 países y los riesgos ecológicos aún no resueltos.
El reciente decreto del expresidente Donald Trump, que acelera la entrega de licencias para explotar minerales del fondo marino, ha desencadenado una nueva fiebre por la minería submarina, desafiando las regulaciones internacionales vigentes y provocando tensiones diplomáticas, especialmente con China.
La medida beneficia directamente a empresas como The Metals Company (TMC), que busca extraer nódulos polimetálicos del fondo del Pacífico. Estos nódulos contienen metales estratégicos como cobalto, níquel y cobre, esenciales para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y tecnologías de defensa. Tras el decreto, TMC fue la primera en solicitar una licencia minera bajo jurisdicción estadounidense, aunque la legalidad de esta acción es cuestionada por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), organismo de la ONU encargado de regular estas actividades en aguas internacionales.
El giro de TMC, que en el pasado apelaba al combate del cambio climático como razón para extraer metales del fondo marino, ahora se centra en la competencia geoestratégica con China, que domina la cadena global de procesamiento de minerales críticos. El discurso de su CEO, Gerard Barron, ante el Congreso estadounidense apuntó directamente a la seguridad energética y competitividad industrial del país.
Sin embargo, los desafíos técnicos, legales y ambientales son enormes. Aunque TMC realizó una prueba piloto en 2022 y ha firmado acuerdos con empresas japonesas y coreanas para procesar nódulos, la tecnología aún no está lista para operar a gran escala. Además, EE.UU. carece de capacidad industrial para refinar estos minerales, y la construcción de plantas podría tomar hasta una década.
El gesto de Trump fue duramente criticado en la reunión anual de la ISA en Jamaica. Países como Francia y China denunciaron el intento estadounidense de imponer reglas unilaterales en un dominio que, según el derecho internacional, debe beneficiar a toda la humanidad. La ISA prepara una declaración oficial ante lo que sus miembros consideran una amenaza a la gobernanza global del lecho marino.
Por otro lado, la startup Impossible Metals explora métodos menos invasivos de extracción, como robots inteligentes que seleccionan nódulos no habitados por organismos. Aun así, sus operaciones están retrasadas y sujetas a aprobación tecnológica.
La comunidad internacional está dividida. Mientras 37 países respaldan una moratoria a la minería en aguas profundas hasta que se comprendan sus impactos ambientales, EE.UU. —que nunca ratificó la Convención del Mar— avanza por su cuenta, arriesgando conflictos legales y reputacionales.
“La minería en el fondo del mar sin acuerdo internacional conlleva riesgos económicos y legales serios”, advirtió Leticia Carvalho, secretaria general de la ISA. A medida que se acelera la carrera por los recursos, el “gigante azul” en el fondo del océano podría convertirse en el próximo gran conflicto ambiental y geopolítico del siglo XXI.
