La estatal cuestiona el alcance de un peritaje encargado por la Fiscalía, que contempla más de 3.500 requerimientos y antecedentes operacionales de alto valor estratégico.
Codelco llevó hasta la Corte Suprema una controversia con el Ministerio Público y Dictuc, relacionada con el acceso a información técnica y operacional solicitada en el marco de la investigación del accidente ocurrido en la División El Teniente.
La estatal presentó un recurso de protección contra la Fiscalía y la filial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuestionando las condiciones de un contrato suscrito para desarrollar un peritaje destinado a esclarecer las circunstancias del accidente.
Según la compañía, el acuerdo contempla requerimientos de información que excederían los objetivos específicos de la investigación y podrían comprometer antecedentes industriales y tecnológicos de carácter estratégico.
Más de 3.500 solicitudes de información
De acuerdo con los antecedentes presentados por Codelco, Dictuc solicitó información mediante 27 oficios que contienen un total de 3.520 requerimientos.
La estatal estima que el volumen de antecedentes podría superar los 300 terabytes, incluyendo decenas de miles de documentos relacionados con la operación de El Teniente.
La información solicitada abarcaría antecedentes acumulados desde 1905, lo que representa más de un siglo de conocimiento técnico sobre el desarrollo de la minería subterránea en la división.
Codelco sostuvo que recopilar y entregar estos documentos requeriría varios meses de trabajo de un equipo especializado.
Sin embargo, el principal cuestionamiento de la compañía no se relaciona únicamente con el volumen de información, sino también con las condiciones establecidas para su utilización.
Estatal advierte riesgos para información estratégica
En su presentación judicial, Codelco argumentó que el contrato suscrito entre el Ministerio Público y Dictuc contempla anexos que podrían permitir el uso de información de propiedad de la estatal para fines distintos de la investigación penal.
La compañía considera que estos antecedentes contienen conocimientos técnicos y operacionales desarrollados durante décadas de actividad minera.
Entre ellos se encuentran experiencias relacionadas con métodos de explotación, ingeniería, gestión operacional y tecnologías aplicadas a yacimientos subterráneos de alta complejidad.
La estatal también planteó que Dictuc desarrolla servicios, tecnologías y soluciones para la industria minera, por lo que considera necesario establecer resguardos sobre el tratamiento de información confidencial.
En este contexto, Codelco sostiene que la entrega de antecedentes en las condiciones cuestionadas podría representar un riesgo estratégico para los intereses económicos del Estado.
La compañía precisó que su acción judicial no busca impedir la realización del peritaje ni obstaculizar la investigación del accidente.
Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso
La controversia fue examinada inicialmente por la Corte de Apelaciones, que declaró inadmisible el recurso de protección presentado por Codelco.
El tribunal consideró que los hechos expuestos se relacionan con un procedimiento penal sometido al conocimiento del Juzgado de Garantía de Rancagua.
Por esta razón, estimó que existe una autoridad judicial competente para resolver las solicitudes y controversias relacionadas con la investigación.
Frente a esta decisión, Codelco presentó una apelación ante la Corte Suprema, insistiendo en la necesidad de resguardar la información técnica e industrial involucrada.
La controversia continúa en tramitación y todavía no existe una resolución definitiva del máximo tribunal sobre los argumentos de la estatal.
Implicancias para las investigaciones de accidentes mineros
El caso plantea una discusión sobre los mecanismos utilizados para acceder a información técnica durante investigaciones penales relacionadas con operaciones mineras.
Este tipo de procedimientos puede requerir grandes volúmenes de antecedentes geológicos, operacionales y de ingeniería, especialmente cuando se investigan accidentes en faenas de alta complejidad.
Al mismo tiempo, las compañías administran información industrial que puede tener valor comercial y estratégico.
La controversia entre Codelco, la Fiscalía y Dictuc pone de relieve la importancia de establecer condiciones claras para la entrega, utilización y resguardo de estos antecedentes.
La decisión que adopte la Corte Suprema podría aportar criterios sobre la relación entre las facultades investigativas del Ministerio Público y la protección de información industrial confidencial.
Por ahora, el procedimiento judicial no modifica la necesidad de esclarecer las circunstancias del accidente ni permite anticipar sus conclusiones.
