En conversación con el ex ministro de Economía y de Obras Públicas, exploramos los desafíos regulatorios que enfrenta la industria minera, las oportunidades de crecimiento en el mercado del litio, y las estrategias para mejorar el relacionamiento comunitario y la competitividad global de la minería en Chile.
En un contexto global de incertidumbres económicas y políticas, la minería en Chile sigue mostrando un notable dinamismo. A pesar de las altas tasas de interés internacionales y los desafíos económicos en grandes consumidores como China, el sector no solo ha mantenido su estabilidad, sino que también ha experimentado un crecimiento, especialmente en el mercado del cobre. Este fenómeno se explica no solo por la resiliencia del sector, sino también por el papel crucial de los minerales chilenos en procesos globales como la descarbonización, esencial para combatir el cambio climático.
Sin embargo, la industria enfrenta desafíos significativos que podrían afectar su competitividad futura. Desde la «permisología» excesiva que ralentiza los nuevos proyectos hasta la gestión de las relaciones comunitarias en un entorno cada vez más digitalizado, la minería chilena se encuentra en un punto de inflexión.
En una conversación que tuvimos con Juan Andrés Fontaine, ex ministro de economía y de obras públicas, socio de la consultora Strat y presidente del directorio de Accionet, profundizamos en cómo las políticas gubernamentales y las innovaciones tecnológicas, están transformando la manera en que las empresas mineras operan y se relacionan con las comunidades que las rodean, buscando siempre un equilibrio entre crecimiento económico y sostenibilidad.
Situación Global y Perspectivas Económicas
Considerando el contexto macroeconómico global actual, ¿cómo ha logrado la minería mantener su estabilidad y crecimiento, especialmente en el mercado del cobre, a pesar de las altas tasas de interés y el fortalecimiento del dólar?
La minería ha atravesado en buena forma este período de ajuste macro para frenar el brote inflacionario post pandemia. Por ejemplo, pese a las altas tasas de interés en EEUU y otros mercados, y el fortalecimiento del dólar a nivel internacional -algo que a menudo conlleva caída en los precios de las materias primas- el cobre no solo no ha caído, sino que se mantiene muy por sobre su promedio histórico y últimamente con tendencia al alza.
El apetito por invertir en las compañías mineras sigue vivo: lo vemos en Chile y Perú (pese a las dificultades políticas de los últimos años), en otros países latinoamericanos y crecientemente en África (China, Arabia Saudita).
Sin duda, en ello incide muy importantemente el buen futuro que se les anticipa a nuestros minerales como insumos claves en la descarbonización que exige el cambio climático.
¿Cuál es el impacto de la situación económica de China, especialmente considerando su importancia en el consumo de cobre, y cómo podría esto afectar a la industria minera global?
Tal vez el único nubarrón en el horizonte económico de la minería son las dudas sobre la situación de China, aquejada por una larga crisis de confianza desatada por la quiebra de importantes empresas inmobiliarias y bordeando la deflación.
Se teme que no logre crecer sostenidamente a buen ritmo y -siendo ella responsable de por ejemplo el 40% del consumo mundial de cobre- eso impactaría muy negativamente en la demanda, así como en la de otros minerales. Las autoridades chinas están tomando medidas para alejar ese peligro y últimamente hay mejores expectativas.
Competitividad y Desafíos Regulatorios
Atendiendo ese apetito por invertir que sigue vivo, ¿cuáles son los principales desafíos regulatorios que enfrenta la industria minera en Chile y cómo estos afectan su competitividad a nivel global?
La principal dificultad para mantener y aumentar nuestra competitividad son los obstáculos que impone la llamada “permisología”, producto de la hiper regulación de las actividades económicas.
La minería sufre una inevitable caída de la ley de los minerales, escasez de agua y otros factores que elevan costos y amenazan su competitividad. Todo ello es subsanable con más inversión. Pero desgraciadamente los proyectos nuevos y las ampliaciones se ven sometidas a larguísimos procesos de aprobación por parte de numerosas entidades públicas y tardan 7-10 años en sacarse adelante.
Los permisos son numerosísimos, a cargo de más de 30 reparticiones públicas. Las autorizaciones o bien no tienen plazos establecidos para pronunciarse, o no los cumplen. En ellos prima la incerteza jurídica y están sujetos a presiones políticas de la más variada índole.
¿Cómo podemos conciliar una correcta regulación de la actividad, con mayor agilidad para mantener nuestra ventaja competitiva?
Desde luego, la minería -que sin duda trae beneficios a las localidades donde se instala- impone también costos ambientales y de otra índole sobre las comunidades aledañas. Esos costos deben ser evaluados, mitigados o compensados como parte del proceso de inversión y las empresas deben hacer un esfuerzo por anticiparse, reconocer esos efectos y asociar a las comunidades al éxito de sus proyectos.
Pero nuestra permisología ambiental hoy no contribuye a ello sino todo lo contrario, obstaculiza y judicializa las inversiones. Celebro que el Gobierno hoy comparta el diagnóstico crítico de esta situación y haya tomado iniciativa legal en la materia, pero aún falta mucho para que ese esfuerzo fructifique.
Adicionalmente, creo que la minería estatal -Codelco y Enami- están con serios problemas financieros y ello puede transformarse en serio obstáculo para la competitividad minera del país. Requieren urgente modernización. Hay que evaluar abrir parcialmente a ambas a capitales privados, para beneficiarlas de la capacidad de financiamiento, incentivos a la buena gestión y transparencia que ello implica.
¿Qué prácticas o políticas se podrían implementar efectivamente para superar este estancamiento?
Me tocó trabajar en eso tanto desde MINECON como desde el MOP. Hay dos prácticas específicas que ayudarían mucho, las cuales han sido propuestas por la CNP y hasta ahora no se ponen en práctica por prejuicios, celos burocráticos, temores : (1) la contratación de revisores externos -expertos privados, debidamente certificados por la autoridad- para evaluar los proyectos que exigen autorización de un organismo público -la DGA, por ejemplo-, lo cual ahorraría tiempo y personal a esos organismos; y (2) el establecimiento de plazos perentorios para los principales permisos, con silencio administrativo positivo. Esto es, si calla, otorga: si no hay respuesta oportuna, permiso se entiende aprobado.
Más allá de ello, hay que repensar la lógica de muchos de nuestros permisos y pasar desde la autorización previa a la exigencia de estándares estrictos, con buena fiscalización y penalización severa, incluyendo declaraciones juradas y -cuando corresponda- garantías.
Litio y Competitividad Global
Chile es líder en reservas de litio, un componente clave para las baterías de tecnologías limpias. Sin embargo, países como Australia y Argentina están incrementando su producción. ¿Qué desafíos enfrenta Chile para mantener su liderazgo en la producción de litio?
El litio es clave para las baterías y ellas son indispensables tanto para la generación eléctrica limpia -específicamente para guardar energía solar y eólica, generada a horas de bajo consumo- y para la movilidad (la nueva industria automotriz) en base a energía eléctrica.
Chile es extraordinariamente afortunado de ser el país con las mejores reservas de litio en el mundo. Pero no hay que confiarse mucho: el litio es mucho más abundante que el cobre y sus altos precios no sólo han desatado gran actividad minera competitiva con Chile (ya Australia nos quitó el primer puesto mundial en producción y Argentina nos superará pronto), sino que también la búsqueda de sustitutos y ya hay baterías económicamente viables que no usan litio.
Por eso tenemos que -con sentido de urgencia- despejar las incertidumbres regulatorias que han obstaculizado el desarrollo de la industria. Desgraciadamente el Gobierno ha optado por un modelo anticuado, con preeminencia de empresas estatales, en la idea que así el Estado captaría una mayor fracción de las rentas que se espera esta actividad genere.
Esa idea de que la política minera debe procurarle al estado la mayor tajada posible de las rentas mineras es la que primó en Chile durante los años 50 y 60, y nos hizo perder competitividad y participación del mercado en el cobre.
La ley minera de 1981, que nos rige, parte del ángulo opuesto: que para Chile lo mejor es que la minería se expanda, con nuevas inversiones, que cree buenos empleos, que fomente la industria de proveedores, que coopere con las comunidades y por cierto que aporte impuestos al Fisco, los cuales -como es el caso del royalty- pueden estructurarse progresivamente de modo de hacer al Estado participar de una fracción creciente de las rentas que generen los ciclos de altos precios por los que suele atravesar la minería.
Hay evidencia de que eso ha funcionado en el caso del cobre: la gran minería privada del cobre no existía en 1980 y hoy aporta al estado el doble de lo que recibe de Codelco.
Recientemente se ha anunciado que se reservarán al estado vía Codelco y Enami (ambas en precaria situación financiera y que reconocidamente nada saben de litio), en asociaciones ya sea controladas por ellas (en los mejores salares Atacama y Maricunga) o con control parcial en otros de interés, relegando a empresas puramente privadas aquellos menos atractivos.
En su opinión, ¿el camino sería que el Litio siga el modelo de la ley minera?
Creo que hay que someter el litio a las mismas reglas del resto de la minería, a través de concesiones mineras y que hoy están excluidas por razones “estratégicas”, liberar las exportaciones de las autorizaciones que hoy se exigen por parte de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (otro vestigio de la época en que el litio se suponía militarmente estratégico) y abrir todos los salares en que ello sea posible a la inversión y explotación privada, por cierto, con los debidos resguardos medioambientales y salvaguardando el bienestar de las comunidades.
Impacto Económico y Relacionamiento Comunitario
La minería es un pilar fundamental de la economía chilena. ¿Cómo puede la industria minera maximizar su contribución al desarrollo regional y al bienestar de las comunidades locales?
Todos los economistas sabemos del enorme aporte directo de la minería chilena a la economía nacional: más de 50% de las exportaciones, cerca de 10% del PIB y de los ingresos fiscales. Su aporte indirecto -no menos importante- no es tan visible: como motor del desarrollo de las regiones mineras, impulsor de las empresas proveedoras de insumos y servicios para la minería, fuente laboral con buenos sueldos y oportunidades de capacitación, promotor de la innovación tecnológica. Pero creo que falta aún un mayor impulso al desarrollo tecnológico, la innovación, a los proveedores locales y en general a la interacción con el resto de las actividades del país.
¿Cómo define la importancia del relacionamiento comunitario en este contexto de cadena productiva?
Las empresas operan en territorios específicos y se interrelacionan con esas comunidades. Ello nunca es fácil. Las comunidades resienten los costos inevitables de la actividad minera (impacto ecológico, congestión, llegada de afuerinos, etc) y percibe que “su” riqueza natural beneficia a otros (chilenos o extranjeros). Ello genera reclamos, demandas y presiones.
Las empresas pueden asilarse en las garantías que les brinda el ordenamiento jurídico, pero los juicios son largos, caros y de resultado incierto debido a las cambiantes interpretaciones jurídicas.
Por ello las empresas deben tomar una actitud proactiva de tender lazos con las comunidades, anticiparse a los problemas y su respectiva solución.
¿Qué papel juegan las soluciones de conectividad digital como las de Accionet en el fortalecimiento de este relacionamiento?
Hoy más que nunca es necesario que las relaciones comunitarias se actualicen y en eso trabaja Accionet. Ayudamos a las empresas con herramientas tecnológicas al servicio de las relaciones empresa/comunidad. Esto pasa tanto por llevar soluciones concretas como internet a lugares remotos, encuentros digitales con las comunidades y soluciones sostenibles de energía; como por hacer a las empresas acceder a plataformas que se ajusten a las realidades de las diferentes comunidades, permitiendo un seguimiento cercano a estas relaciones y la medición del trabajo que se realiza.
Al digitalizar la relación comunitaria se puede ver en tiempo real el impacto que tienen las políticas que se implementan a través de plataformas diseñadas especialmente para eso. Además, se puede alcanzar una comunicación más transversal con los miembros de las comunidades, a través de portales wifi, rrss, whatsapp, etc. Esto permite a la empresa llegar a miembros de la comunidad que de otra forma sería muy difícil que participen de mesas comunitarias .
¿Qué ejemplos exitosos de esta práctica nos puede compartir?
Trabajamos con la Minera Spence, en Sierra Gorda y Baquedano (Región de Antofagasta), habilitando una red pública de WiFi que ya está llegando a las 150 mil conexiones. Estas eran localidades que tenían poco acceso a Internet, y que ahora por iniciativa de Spence y con el apoyo de Accionet, están accediendo no solo a conectividad, sino también a capacitación, a diarios murales digitales y sobre todo a un canal de comunicación nuevo, flexible y exclusivo entre empresa y comunidad.
Con la Minera Cerro Colorado, desplegamos una red de internet satelital y energía solar para la comunidad de Quipisca (Región de Tarapacá), la cual todos los años con el invierno altiplánico quedaba totalmente aislada. Así, este verano recién pasado, después del trabajo realizado, esta comunidad pudo enfrentar un severo clima, manteniendo plena conexión digital.
