“Nos encontramos con que hay un espacio de discrecionalidad de las autoridades que está teniendo mayor notoriedad durante los últimos meses, lo que supera cualquier cuestión técnica”, advierte la experta Juanita Galaz, consultada por los recientes rechazos a proyectos mineros en instancias de evaluación ambiental, entre ellos Los Bronces Integrado y Fase V de El Soldado.
Con su amplia experiencia como consultora en Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental, obtención en permisos sectoriales y planificación para el cierre de faenas mineras, es una voz autorizada. La ingeniera civil de Minas lleva más de 25 años trabajando en esta área, donde destaca el haber sido jefa del Departamento de Ingeniería y Gestión Ambiental de Sernageomin, así como integrar de la Comisión Presidencial encargada de modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en 2015. Es socia fundadora de Minería y Medio Ambiente (Myma), firma que ofrece servicios de gestión ambiental para los sectores de minería, energía, agua e infraestructura.
Juanita señala en esta conversación con MyF, que lo que se está viendo en el último tiempo por parte de la instancias responsables de evaluar los proyectos, especialmente mineros, «es lamentable, por cuanto se desincentiva la inversión en una actividad que es relevante para la recaudación fiscal del país”.
– ¿Cuál es tu opinión sobre estas negativas a varios proyectos, incluso contando con evaluaciones favorables?
Los últimos casos de rechazos de proyectos mineros pueden considerarse como una acción que busca alinearse con las ideas del nuevo gobierno. Lo observado hasta ahora es que se están levantando barreras para el desarrollo de actividades que no son cercanas a las corrientes de orientación ecologista e indigenista; y los proyectos de inversión mineros están siendo especialmente afectados.
Cabe señalar que los casos rechazados son la parte visible del problema, ya que a medio camino quedan otras iniciativas que son desistidas o no calificadas, las que tampoco pueden ejecutarse ni continuar con sus fases de desarrollo.
– ¿A tu juicio cuánto pesan los fundamentos técnicos en estas resoluciones?
Los fundamentos técnicos, en los que se basa la revisión de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), han ido perdiendo peso en la decisión final de la Dirección Ejecutiva o de las Comisiones de Evaluación Ambiental Regionales.
Se observa que los temas relevantes de las evaluaciones se revisan tardíamente y, además, las objeciones y observaciones no son lo suficientemente claras para preparar las adendas, que corresponden a las respuestas a las consultas y solicitudes de aclaración. Con esto se restringe el espacio para evaluar los proyectos, profundizando en los fundamentos técnicos.
El modelo chileno permite una decisión político-técnica, pero en la actualidad la instancia final de calificación actúa sobre una base política. Nos encontramos con que hay un espacio de discrecionalidad de las autoridades que está teniendo mayor notoriedad durante los últimos meses, lo que supera cualquier cuestión técnica.
– ¿Existen problemas o incumplimientos de los proyectos que justifiquen que sean rechazados?
Sin examinar en detalle cada expediente de tramitación, es muy difícil dar una opinión precisa. En todo caso, llama la atención que en algunos casos el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) acoja la opinión desfavorable de algunos servicios sin mayor cuestionamiento al análisis técnico-jurídico-ambiental, y en otros se pronuncie rechazando proyectos sobre los cuales los servicios competentes han manifestado su conformidad. Revela una disparidad de criterios para abordar la evaluación técnica y verificación de cumplimiento de la normativa ambiental.
Hay casos en los cuales, habiendo un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) favorable, con recomendación de aprobación, además de contar con los pronunciamientos favorables de los organismos revisores -incluyendo el otorgamiento de los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) respectivos-, se está en presencia de una conducta de la autoridad dispuesta a rechazar proyectos que jurídica y técnicamente deben ser aprobados.
– ¿Cómo se entiende que estos proyectos, con recomendación técnico-ambiental para ser aprobados, terminen sin los permisos?
Al menos los últimos casos pueden entenderse por el contexto adverso que se vive en el país para el desarrollo de la minería, teniendo como ejemplo más cercano el debate que se dio en el marco del proceso constitucional. En el texto final de la propuesta, la minería es la única actividad que se nombra en el capítulo sobre naturaleza y medio ambiente, como si solo ella se relacionara con estos aspectos.
Es bastante probable que este contexto haya trascendido a la evaluación ambiental, teniendo como consecuencia el rechazo de proyectos mineros; aunque ellos tengan una recomendación favorable de parte de las instancias técnicas.
Nuestro Sistema de Evaluación Ambiental fue diseñado para mejorar los proyectos, no para rechazarlos. Los proyectos se pueden aprobar con condiciones; existen las herramientas para verificar que los compromisos o exigencias se cumplan. Tenemos la institucionalidad competente, como son la Superintendencia del Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales.
– ¿Qué señal se está dando a los inversionistas mineros con estos rechazos?
Es una señal desalentadora para la inversión privada. Desde hace varias décadas Chile se ha posicionado como una de las jurisdicciones preferidas para la inversión minera, gracias a su potencial geológico, estabilidad política y certeza jurídica. Esta situación ha desmejorado en los últimos años, y por supuesto que los casos de rechazo de proyectos, como también la modificación del royalty, no ayudan a mejorar la percepción de los inversionistas.
En este contexto, es natural que los proyectos mineros, que normalmente requieren una cuantiosa inversión, entren en un compás de espera antes de decidir su materialización o postergación. Todo esto es lamentable, por cuanto se desincentiva la inversión en una actividad que es relevante para la recaudación fiscal del país.
