Los fondos regionales y comunales recibieron cerca de $454 mil millones, mientras el resto ingresó a rentas generales. CESCO plantea mejorar la trazabilidad y fortalecer el impacto territorial de estos recursos.
La recaudación del royalty aplicado a la minería privada superó los $1.600 mil millones en 2025, un aumento de 11% respecto del año anterior. Sin embargo, poco más de uno de cada cuatro pesos recaudados tiene una distribución territorial directamente identificable mediante los fondos establecidos por la legislación.
Así lo señala el estudio Royalty 2.0: entendiendo y analizando el nuevo royalty en Chile, elaborado por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO), que analiza la recaudación, distribución y ejecución de los recursos durante los primeros años de funcionamiento del nuevo régimen.
El royalty comenzó a regir en enero de 2024 y estableció tres mecanismos para canalizar parte de los ingresos hacia los territorios: el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo (FRPD), destinado a gobiernos regionales; el Fondo de Equidad Territorial (FET); y el Fondo para Comunas Mineras (FCMI).
En conjunto, los tres fondos sumaron aproximadamente $454 mil millones, equivalentes a cerca del 28% de los recursos recaudados.
“El royalty ha significado una fuente relevante de nuevos recursos para las regiones y comunas. Sin embargo, el balance también muestra que poco más de una cuarta parte de lo recaudado tiene una distribución territorial claramente identificable a través de los fondos creados por la ley”, señaló Cristián Cifuentes, líder senior de Estudios y Contenidos de CESCO.
El 72% restante pierde trazabilidad específica
Una de las principales conclusiones del informe apunta a la trazabilidad de los recursos. Cerca del 72% de la recaudación de 2025 quedó fuera de los tres fondos territoriales e ingresó a rentas generales de la nación, desde donde puede financiar diferentes prioridades mediante la Ley de Presupuestos.
CESCO aclara que esto no significa que los recursos no sean utilizados, sino que resulta más difícil determinar posteriormente qué programas, inversiones o políticas públicas fueron financiados específicamente con los ingresos provenientes del royalty.
“El punto no es que esos recursos desaparezcan o no financien gasto público. Lo que ocurre es que se pierde la posibilidad de seguirlos de manera diferenciada. Una mayor trazabilidad permitiría saber con claridad qué se está financiando con la renta minera”, explicó Sebastián Díaz, analista de Estudios y Contenidos de CESCO y autor del informe.
Entre las propuestas del centro de estudios se encuentra establecer destinos permanentes y transparentes para una mayor proporción de los recursos. Una de ellas consiste en destinar 10% de la recaudación a investigación, desarrollo e innovación minera, equivalente a más de $160 mil millones considerando los ingresos de 2025.
También plantea evaluar mecanismos para financiar exploración, información geocientífica pública, proveedores locales e infraestructura habilitante en las regiones mineras.
Recaudación altamente concentrada
El informe muestra además una elevada concentración de los aportes. Tres faenas explicaron cerca del 91% de los ingresos en 2024 y aproximadamente el 95% en 2025.
Minera Escondida fue el principal contribuyente y elevó su aporte en casi 50%, compensando la disminución registrada en otras operaciones.
Ante este escenario, CESCO propone desarrollar una plataforma pública que concentre información sobre la recaudación por empresa y componente tributario, permitiendo conocer cuánto aporta cada operación y seguir la evolución de estos ingresos.
El análisis también detecta diferencias entre el objetivo territorial del royalty y los criterios utilizados para distribuir los recursos. Además de la actividad minera, la asignación considera variables como población, vulnerabilidad y dependencia del Fondo Común Municipal.
Como resultado, la Región Metropolitana recibió en 2026 la mayor proporción conjunta de los tres fondos, con 15% del total, seguida por Valparaíso. Sin embargo, en términos relativos, el impacto de estos recursos es mayor en las regiones mineras. En Atacama, por ejemplo, representaron el 9,37% del presupuesto consolidado de sus municipios.
CESCO también propone revisar cada tres o cuatro años la definición de comuna minera para reducir las variaciones que puede provocar la actualización anual de beneficiarios. El informe cita el caso de Pozo Almonte, cuya salida de la nómina en 2026 significó una disminución cercana a $770 millones.
Un tercio de los recursos aún no se ejecutaba
Otro de los desafíos identificados está en la capacidad para transformar las transferencias en proyectos concretos.
Según el estudio, los municipios asignaron presupuestariamente el 96% de los recursos recibidos en 2024 y el 92% de los correspondientes a 2025. No obstante, al 9 de julio de 2026 se había ejecutado el 66,44% de los fondos de 2025 que ya contaban con asignación presupuestaria.
Las iniciativas de inversión, como obras civiles, consultorías y adquisición de equipamiento, concentraron la mayor parte del gasto. Sin embargo, CESCO advierte que existen diferencias importantes en el nivel de información entregado por los municipios, dificultando conocer el avance y los resultados de los proyectos.
Por ello, el organismo plantea extender el seguimiento durante dos o tres años para distinguir entre iniciativas que requieren varios ejercicios presupuestarios y eventuales dificultades de ejecución de los gobiernos locales.
“Chile dio un paso importante al asegurar nuevos recursos para los territorios. La siguiente etapa debe ser más ambiciosa: aumentar la trazabilidad, fortalecer el componente territorial y convertir la renta minera en inversión, innovación y capacidades que permanezcan más allá de cada ciclo de precios”, concluyó Cifuentes.
