Abogado Cristián Quinzio y estatuto constitucional minero: «La minería beneficia al país y esa visión no la han querido recoger»

Cristián Quinzio

El abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Cristián Quinzio, reconoce que la postura que él y otros colegas querían ver reflejada, cuando apoyaron el proceso de una nueva constitución para el país, era la de “mantener las bondades que ha tenido la actual legislación minera, y perfeccionar lo que tenía que hacerse”.

Pero en la Convención Constitucional se ha optado por otros caminos. Y hoy teme que las incertidumbres que a su juicio se están generando, puedan provocar una paralización de las grandes inversiones mineras. “Eso es muy contraproducente para Chile, porque hoy más que nunca, necesitamos fuerte inversión”, advierte en esta entrevista.

– ¿Qué impresión tiene la discusión que se ha dado sobre la actividad minera, en el marco del proceso constitucional?

Me habría gustado que la discusión en la Convención Constituyente hubiera sido tomando en cuenta los avances y los beneficios que la minería ha aportado al desarrollo de Chile en los últimos 30 o 40 años.

También quiero hacer presente que la discusión se ha suavizado, y en los últimos días se ido centrando en los puntos principales; por ejemplo, el dominio estatal, que ya está resuelto.

Muchos profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile hemos insistido en que se continúe con los títulos que hoy se reconocen, vale decir: concesiones judiciales, con extinciones judiciales, por la seguridad que brindan en cuanto a la no discrecionalidad en su otorgamiento y a la fortaleza del título. Sin embargo, se ha optado por un camino distinto. Y al parecer, lo que se estaría aprobando son “Títulos Administrativos”, los cuales  -de ratificarse por el pleno y, posteriormente, en el plebiscito de la salida- van a coexistir con los actuales. Por lo tanto, tendríamos dos categorías de concesiones, que era lo que tratamos de prevenir: las concesiones actuales, que son otorgados por sentencia y no pueden dejarse sin efecto, y otras nuevas, para no sé qué sectores de Chile, me imagino más al sur, menos concesionados. Se crearía un mercado de concesiones mineras de primera y otro de segunda.

No obstante eso, habría que esperar una nueva legislación que determine cuál será el órgano autónomo que va a otorgar los títulos; legislación que tendría que determinar los derechos y obligaciones de los concesionarios mineros, y la protección que la ley daría a esos derechos. Todo eso estará en el aire hasta que se dicte esa nueva legislación minera; lo que nos dejará, además, en la incertidumbre de saber cómo se van a relacionar los títulos vigentes con esos futuros; y cómo los actuales concesionarios van a poder estar tranquilos de que sus títulos serán respetados. Sobre eso, no hay nada dicho.

– ¿Qué escenario podría generar para una industria como la minería, que requiere certezas de largo plazo?

Lo que puede generar -porque es todo potencial- es una detención de inversiones mayores, hasta no tener claras las reglas del juego. Y eso es muy contraproducente para Chile, porque hoy más que nunca, necesitamos fuerte inversión, empleo, condiciones favorables para las regiones, y la minería ha sido un motor para esos objetivos. De paralizarse las inversiones, vamos a tener un país cuyo desarrollo económico se va a ver perjudicado.

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– ¿Qué complejidades implicaría tener dos categorías de títulos, y que resguardos necesitarían los actuales poseedores de concesiones mineras?

Es muy importante el tema de cuáles van a ser las obligaciones que tendrán a futuro los actuales mineros. Porque no olvidemos que la ley de efecto retroactivo, vigente en nuestro país hasta el día de hoy, establece que se mantienen los títulos ya otorgados, se respetan; pero en lo tocante a sus goces y cargas, es lo que establezcan las nuevas leyes. Y si vamos a tener una nueva legislación minera que va a regular las autorizaciones administrativas, y además sus derechos y obligaciones, es perfectamente posible pensar -y lo más certero- que también va a aplicarse a los títulos ya otorgados. Por lo tanto, estos estarían sujetos a cargas que desconocemos a la fecha.

Y como dije antes, al no conocerse, provocan que la inversión se paralice.

MANTENER LO BUENO Y PERFECCIONAR LAS FALENCIAS

– ¿Cuál es su evaluación del resto del articulado; lo ya aprobado y las nuevas indicaciones que se deberán votar?

Me alegra ver que disposiciones muy contrarias a la actividad minera hayan quedado fuera de la discusión. A modo de ejemplo, aquella que establecía que la minería no metálica tenía ser desarrollada solamente por el Estado; y la que determinaba que el aprovechamiento del cobre tenía que hacerse también por el Estado, y si buscaba asociaciones con privados, tener la mayoría de la propiedad.

Pero queda todavía una norma que establece zonas de prohibición. No tengo nada en contra de establecer áreas restringidas; me parece muy plausible y loable que un país las tenga. Dicho de otra forma: que señale dónde puede desarrollarse la minería. Pero el tema de las cuencas hidrográficas todavía está presente, en forma velada diría yo, cuando se plantea lo de restricciones en esas áreas, que establezca la legislación del ramo; la cual tampoco conocemos.

– ¿Esperaba que el tema minero se abordara de esta forma por los constituyentes? ¿Cuál era su postura en esta materia?  

La postura inicial que teníamos los (abogados de Derecho) que queríamos una nueva constitución para Chile, era de mantener las bondades que ha tenido la actual legislación minera, y perfeccionar lo que tenía que hacerse. ¿Y qué era eso? Fundamentalmente dos materias:

  • Primero, en cobrar que el Estado recibiera una retribución por los títulos mineros; vale decir, incorporar a nivel constitucional la obligación de un royalty, dejándole a la ley su regulación.
  • En segundo lugar, dejar en claro que el concesionario tenía que satisfacer el interés público que está detrás del otorgamiento de la concesión minera, que está en la constitución de 1980, pero lo trata de satisfacer de un modo indirecto, a través del pago de la patente. Nosotros pretendíamos que siempre hubiera obligación de realizar actividad minera, para merecer el resguardo del título.
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Esas dos cosas de alguna forma se quieren lograr hoy día, pero por caminos muy distintos.

– Al respecto ¿Cree que la comisión de Medioambiente, que es la que ha llevado el tema minero, estuvo abierta a escuchar la opinión de especialistas y conocedores de la industria, o han primado otras miradas, ajenas a aspectos más técnicos?

Cuando se abrió el periodo para poder ser escuchados por la comisión, muchos nos inscribimos para ver si teníamos la posibilidad de plantear a los constituyentes nuestra visión de la actividad y de la minería del futuro. Desgraciadamente no a todos se nos dio la oportunidad; y a los que se les dio -por lo que he sabido-, tuvieron muy pocos minutos y muy poca atención, para quienes iban a defender el modelo actual. No obstante ir con el deseo firme de perfeccionarlo, no se le dio importancia a esa opinión.

Primaron visiones que están hoy día en los principios que se enuncian de la nueva constitución… Se ve a la minería desde un punto de vista negativo, con esta idea de “extractivismo”, que es absolutamente equivocada. Efectivamente la minería extrae riqueza natural, pero para convertirla en algo productivo. Hoy día la minería beneficia al país, y esa visión no la han querido recoger.

– ¿Una visión más del pasado que de futuro, y que no considera la importancia que tiene  nuestra industria minera el contexto internacional?

¡Nosotros tenemos una minería de clase mundial! La gran minería a todas luces los es; la mediana minería es más local, pero también tiene muy buenos estándares de comportamiento.

Y la pequeña minería es un ejemplo para Chile. El fomento que le ha dado el Estado, en forma histórica, ha hecho que sea un motor de desarrollo comunal, regional, de los pueblos remotos del norte.

Esa imagen que siguen teniendo algunos, de una actividad extractivista, que aporta poco y cuyos beneficios son detentados por un grupo de personas, es una visión muy cortoplacista, muy sesgada. El aporte de la minería hay que mirarlo en forma integral, con bajos y altos precios de los metales.

AÑOS DE INCERTIDUMBRE

– De aprobarse los artículos revisados y lo mismo ocurre posteriormente con la nueva constitución, dijo que aún quedaría mucho a definir en la nueva legislación ¿Qué escenario genera eso para los actuales actores de la industria, sería como volver a foja cero?

Hay que esperar aun las normas transitorias en materia de minería, porque nos van a decir hasta cuándo regirían instituciones como la ley orgánica constitucional sobre concesiones mineras, y la especial protección que se le dan a los derechos del minero. Hasta cuándo va a regir el actual código de minería; y el plazo para que se dicte la nueva legislación.

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No tenemos aun claro eso… Pero si la discusión quedara hasta donde estamos hoy día, creo que nos faltarían unos dos, tres o cuatro años para tener una nueva legislación minera.

Y más allá de las buenas intenciones del Ministerio de Minería, de que si se aprueba la nueva constitución, se convoque a un grupo de expertos a redactar un código de minería; será una tarea lenta, porque va a ser en base a nuevos principios, distintos de los que ha tenido por tradición nuestra legislación minera.

– Más allá del estatuto minero, también se están aprobando una serie de cambios en otros ámbitos ¿Podrían afectar el atractivo de Chile para los inversionistas privados, y qué repercusiones tendría? Asumiendo que el Estado no podría hacerse cargo en solitario de toda esta industria.

El Estado por sí solo no puede reemplazar a la inversión privada; al contrario, se necesita. Es cosa de leer a Mariana Mazzucato (economista y profesora en la University College London), ideóloga de actuales miembros del gabinete y organismos del Estado, para ver cómo es necesaria la colaboración pública-privada para el desarrollo de un país. Y creo que, más que nunca, Chile necesita esa mirada.

Pero hay temas en la constitución que se está gestando, que son preocupantes. El más reciente es el de los territorios indígenas. Sabemos que la minería se ha desarrollado en forma preferente el norte y en el alta cordillera ¿Van a declararse territorios indígenas todos los sectores donde se encuentra nuestra gran minería? ¿Qué va a significar esa calificación? ¿Cómo se van a repartir los beneficios entre el país y las comunidades, si es eso lo que se pretende desarrollar?

– En concreto ¿Cómo podría impactar?

En que los inversionistas van a tener otros mercados, otros países, que les darán certezas que hoy no estamos brindando. Por lo tanto, la inversión va migrar hacia otras latitudes; lo que es malo para Chile.  

– Ad portas de una nueva votación del pleno ¿Qué mensaje enviaría a los convencionales?

Que pensemos en los beneficios que le ha dado esta actividad en los últimos 40 años a al país. Que miremos el libro del economista Patricio Meller, lo que dice de la minería: que Chile sería al menos un 25% más pobre si no hubiéramos tenido el desarrollo de la minería privada en estos años.

Y que piensen en las bases constitucionales que dejó la ex Presidenta Bachelet, donde con respecto a la minería, era muy poco lo que se cambiaba, e iba más bien por los temas que mencioné antes: royalty y actividad del minero.

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