Juan Ignacio Guzmán, de Consultora GEM, advierte que componente ad valorem del proyecto de Royalty provocaría caída en producción de cobre

Juan Ignacio Guzmán

“De acuerdo a un estudio que realizamos internamente, la nueva propuesta de Royalty -que es parte de la Reforma Tributaria presentada por el Gobierno hace unos días- tendría como impacto el que la industria minera reduzca su producción (de cobre)  en el mediano a largo plazo”, afirma el experto Juan Ignacio Guzmán, gerente general de GEM, al referirse a los negativos resultados de un análisis que dieron a conocer sobre esta iniciativa del Ejecutivo. 

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Añade que el impacto negativo que le ven responde básicamente a los mayores costos de explotación que significa el royalty ad valorem, de hasta un 4% en tasa efectiva según la propuesta oficial, pero que puede llegar hasta 7% marginal, puntualiza.

En cuanto a la eventual mayor recaudación que el Estado espera realizar, a partir de lo que los márgenes de operación minero, Guzmán comenta: “De acuerdo con los modelos que tenemos en GEM, estimamos que de aquí al 2030, la producción se reduciría en aproximadamente 600.000 tcf al año; lo que equivale a unas cinco operaciones de la gran minería en Chile. Eso traería como consecuencia, además, la pérdida de aproximadamente 175.000 empleos, tanto directos en las empresas mineras, como de subcontratistas, indirectos e inducidos”, acota. 

– ¿Cómo afectaría esto al resto de la cadena de valor?

El encadenamiento productivo que genera el sector podría verse reducido en algo así como un 10% con respecto a lo que tenemos hoy día.

Adicional a lo anterior, el impacto que este proyecto de ley tendría sobre las inversiones futuras -en nuevas operaciones o greenfield- sería sacar de la mesa alrededor de un millón de toneladas de cobre que la industria espera poder entrar a producir dentro de la próxima década, pero que requiere de importantes inversiones.

En resumen, se extraería una mayor renta desde la minería, pero como consecuencia de eso, la industria empezaría a decaer fuertemente. De esta forma, durante la próxima década la recaudación del Estado, considerando el Royalty, pero también la menor producción e inversión (que este provocaría), sería inferior a la que obtendría el Estado si mantuviera las actuales condiciones, permitiendo con ello la inversión y el desarrollo de la industria.

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– ¿Por qué se produciría esa pérdida de producción que prevén?

La causa de la caída se explica porque el Royalty ad valorem significa, en la práctica, un costo para las mineras. Ese mayor costo las vuelve menos competitivas. Por lo tanto, aquellas operaciones que están agotando sus reservas, que se encuentran en sus últimos años, eventualmente van a tomar la decisión de cerrar antes de tiempo.

En el caso de los nuevos proyectos de inversión, tanto el Royalty ad valorem -que implica un mayor costo de explotación-, como el mayor margen que el Estado espera recaudar de la riqueza que genera esta actividad, disminuirán el monto que los inversionistas esperan recibir; de tal manera que un proyecto que estaba en la marginalidad de ser económico, dejaría de serlo. Eso eventualmente redunda en que los proyectos mineros que hoy día maneja Chile, que están en la marginalidad de ser económicos, ya no serían atractivos.

LA TAJADA DE LA TORTA

– En una reciente entrevista con un medio financiero, el economista José Gabriel Palma -al que presentan como mentor del ministro de Hacienda Mario Marcel en sus años en la Universidad Cambridge, y todavía muy cercano-, restó validez a  los temores de la industria de que este royalty afecté a las inversiones mineras, agregando que “la producción de la gran minería privada ya está estancada hace una década por falta de inversión. Y eso a pesar de su rentabilidad astronómica” ¿Qué opinas de sus comentarios?

Me extraña que siendo economista, el señor Palma no entienda que cuando el Estado sube los impuestos, tanto las personas como las empresas reaccionan y toman las decisiones que son mejores para ellas, de acuerdo con las nuevas condiciones o reglas del juegos. Eso como primer punto. 

Afirma, además, que desde el 2005 la producción de cobre en Chile se ha mantenido estancada, debido a que las compañías mineras no han querido invertir en el país. Pues bien, el señor Palma debería saber que en el período 2005 –  2022 la industria cuprífera ha invertido más que en toda nuestra historia: alrededor de US$100.000 millones para poder mantener la capacidad productiva. Porque olvida que la calidad de los yacimientos -las leyes de mineral- van cayendo en el tiempo; por lo tanto, para mantener la capacidad de producción de cobre se necesitan plantas cada vez más grandes, al igual que más infraestructura y equipos, para compensar la menor calidad del mineral. 

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Solo porque el país ha invertido más de US$100.000 millones en ese periodo, hemos logrado mantener la capacidad de producción. Y si no invertimos una cifra similar en los próximos años, esta va empezar a bajar. Ese es justamente el impacto que nosotros estamos previendo que va ocurrir con esta propuesta de royalty, si se llega a aprobar en el Congreso tal cual está.

– De ocurrir eso ¿En qué posición quedaría Chile en cuanto a carga total impositiva, en comparación con las tasas aplicadas por otras jurisdicciones mineras?

No hemos hecho el cálculo exacto. Y la verdad es que es engañoso, porque va a depender del precio del cobre y de otros elementos. Pero  con  la discusión que se dio en el  Congreso (con el proyecto impulsado por los diputados), yo diría que quedó acordada la idea de que cualquiera fuera el royalty que se llegara a aplicar, tenía que ser competitivo desde el punto de vista de no dejarnos peor posicionados frente a los otros países mineros con los cuales competimos, como son Perú, algunos de África, Australia… Todos ellos tienen tasas efectivas de pago de impuestos de entre un 45% a un 50%. El proyecto que discutimos en el Congreso a principios de año llegaba a cerca del 50%,  lo que  nos dejaba entre los países no baratos, al menos no en el grupo de los más caros. Este nuevo proyecto aspira a tasas superiores al 60%, lo que nos situaría por lejos entre los con mayores impuestos del mundo.

Esto provocaría que la inversión minera también se reduzca, porque las empresas que operan en Chile son multinacionales, y si no pueden invertir acá, se van a ir a otros países. Y nadie podría criticarlas, porque estarían haciendo lo que es mejor para ellas y sus accionistas. 

Como país también deberíamos tomar las decisiones que sea mejor para nosotros. Y en este caso en particular, eso ya quedó demostrado con lo ocurrido en las últimas décadas: y es que la industria minera se desarrolle, porque cuando lo hace, a través del pago de un impuesto -el específico a la minería- el Estado puede recaudar grandes cantidades de dinero. Además, atrae inversión al país, genera empleo y encadenamientos productivos;  es decir, es un win win. 

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– ¿Cómo te explicas, entonces, que el gobierno haya optado por esta  fórmula?

Yo creo que en este caso, la lógica del proyecto de reforma tributaria y en particular del royalty (como lo ve el gobierno), es que acá estamos en un juego de suma cero, con una cantidad de dinero recaudada cada año que es constante, y se quiere obtener una mayor tajada;  pero no es así. Si nosotros desarrollamos más la industria minera en Chile, la torta (de los recursos obtenidos por el mineral) aumenta; por lo tanto, incluso manteniendo el porcentaje que recibe actualmente el Estado, va a obtener una  mayor recaudación.

Por el contrario, si trata de capturar una porción mayor, la torta se va a achicar, porque la producción empieza a caer. En consecuencia, aun cuando el Estado esté recuperando el 60%, como la torta de utilidades va a ser más chica, llegará un momento -que estimamos cerca de 2030- en el cual el país va a empezar a perder plata, con respecto a lo que se habría obtenido manteniendo las condiciones que existen hoy. Este proyecto de royalty no es sólo un mal negocio para las empresas mineras, lo es para Chile.

– Considerando toda la negociación que ya había requerido la propuesta de los diputados ¿Qué esperas que ocurra ahora?

Esperamos sinceramente que  este proyecto de ley sea mejorado durante la discusión en el Congreso. Que tanto los diputados como los senadores entiendan que el mejor valor que se puede obtener de la minería -para el país-, es precisamente que se desarrolle y crezca; porque al aumentar el tamaño de la torta (del negocio minero), obviamente la tajada que puede recibir el Estado será mayor. 

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