María Cristina Betancour aborda los retos del sistema de permisos en la minería

La experta calificó como positiva la señal de bajar los plazos en la permisología que comunicó el Presidente, “ya que Chile no se puede dar el lujo de paralizar las inversiones, ni menos las mineras, en un momento en que se necesita en el país una reactivación económica y que vuelvan las inversiones”.

“La industria minera nacional, y en particular la mediana minería, viene pidiendo este acompañamiento hace años. Todos quieren sacar adelante los proyectos y quieren cumplir con la normativa», señala María Cristina Betancour a Minería y Futuro. En esta entrevista aborda el complejo escenario para desarrollar proyectos existente en el país, y lo positiva que es la señal que dio el Presidente, en torno a bajar al menos en un 30% los plazos de tramitación de proyectos de inversión.

-¿Cuán complejo es el escenario para desarrollar un proyecto minero en Chile?

El escenario es muy complejo. De hecho, recientemente, diversos importantes personeros lo han indicado. Una de ellas es Susan Segal, del Council of the Americas, quien señaló que la permisología se ha convertido en una traba constante para la inversión, indicando, incluso, que ello está significando el traslado de faenas a países con menor burocracia como Perú. El ministro Marcel también ha indicado que un proyecto no se puede demorar siete a diez años, porque las condiciones cambian en el tiempo.

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Y esto es lo que sucede en minería, no es raro que los proyectos duren diez años en su tramitación. En el sector se habla de más de 1.900 normativas, cerca de mil permisos y más de 30 entidades involucradas. La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, en su reciente estudio identificó, para todos los sectores de actividad económica, 71 organismos involucrados y 309 permisos, de los cuales 63 son de carácter crítico.

¿Qué medidas -inmediatas y de más largo plazo- se podrían implementar para cumplir con lo que el Presidente anunció recientemente?

Todos los gobiernos han hecho esfuerzos tratando de simplificar, pero se visualizan escasos avances. Recientemente, la CNEP hizo público un estudio solicitado por el mismo Presidente, con recomendaciones para agilizar el sistema de permisos. Y su primera recomendación es una institucionalidad coordinadora que priorice tanto los proyectos como los recursos que se asignen a los organismos donde se producen las demoras, de manera de agilizar la tramitación. Es de esperar que se utilice esa información, cuyas recomendaciones se hicieron considerando las limitaciones tanto en términos de gestión como de recursos que tiene el país

La primera recomendación del estudio es establecer una institucionalidad que tenga un carácter de coordinador, que haga un seguimiento a los distintos organismos públicos involucrados, tratando de solucionar duplicidades y conflictos de competencia entre ellos, lo que se ve mucho en minería. El modelo es el FAST-41 que EEUU promulgó a fines del año 2015, en que se identifican proyectos clave para el desarrollo del país y se les hace un acompañamiento que permita eliminar las trabas que retrasan o impiden su materialización. Existe un consejo de permisos en el que participan las empresas y el gobierno, quienes acuerdan un cronograma para revisar y aprobar proyectos. Y el Estado prioriza los recursos para las entidades revisoras de manera tal de cumplir con los plazos.

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¿Como ves la competitividad de Chile en este sentido, la permisología, con respecto a otros países mineros?

La permisología es complicada en todas partes del mundo. Recientemente, el Ministro de Energía y Minas de Perú declaró que se facilitarán las gestiones para aprobar proyectos mineros. Ellos están complicados porque la República Democrática del Congo los está alcanzando como segundo productor mundial, pero ambos tienen menos de la mitad de la producción de Chile. Y el modelo presentado es el que sigue el FAST-41, esto es, un acompañamiento a los proyectos claves de manera de agilizar los permisos y su materialización. Esto es, la misma idea de la CNEP.

La industria minera nacional, y en particular la mediana minería, viene pidiendo este acompañamiento hace años. Todos quieren sacar adelante los proyectos, quieren cumplir con la normativa, por lo que acompañar a las empresas es una gran manera de agilizar, cuando hay voluntad política para ello. Es una manera rápida y eficiente para un país que no cuenta ni con recursos financieros ni de gestión para algo más sofisticado, y cuando se requiere que el sector privado y el público se unan para sacar adelante un país. 

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Recientemente, el Comité del Litio y Salares definió realizar consultas indígenas por cada acto administrativo que afecte directamente a las comunidades y pueblos indígenas. Esto, me parece a mí, que no contribuye en la línea de agilizar inversiones. Y los privados tanto en Chile como en el mundo están observando este tipo de medidas. La RD del Congo tiene leyes de 5% y nosotros inferiores a uno.  Y los capitales buscan proyectos donde haya mayor rentabilidad. 

Es positiva la señal que da el Presidente, ya que Chile no se puede dar el lujo de paralizar las inversiones, ni menos las mineras en un momento en que se necesita en el país una reactivación económica y que vuelvan las inversiones. Entonces, no solo debe ser una intención de mejorar sino un real involucramiento para dar una solución. Hay demasiados diagnósticos, por lo que información para empezar a trabajar existe.