Subsecretario Willy Kracht: La minería requiere de inversiones grandes, que son de largo plazo; por lo tanto, las reglas que se establezcan, también tienen que serlo

Tres son los focos del Ministerio de Minería, definidos en el programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric: la creación de la Empresa Nacional del Litio, el fortalecimiento de la capacidad de fundición, y el apoyo y robustecimiento de la pequeña y mediana minería. Aunque la evaluación de Willy Kracht, nuevo subsecretario de esta cartera, es que si se aprueba en el plebiscito de salida la nueva Constitución que redacta la Convención Constituyente, habrá que ajustar las prioridades.

“La sola redacción del articulado de la Constitución, no resuelve inmediatamente la forma en cómo se va a jugar en este nuevo rayado de cancha. Eso le va a tocar liderar al Ministerio de Minería y también al Parlamento. Implica abrir espacios de diálogo amplio, donde se ponderan los efectos de las decisiones que se hayan tomado a nivel constitucional, y se hacen las bajadas a los cuerpos normativos del nivel inferior”, afirma la autoridad. Hace hincapié, además, en que la adecuación de todo el cuerpo normativo -leyes, decretos, códigos-, deberá hacerse en forma pronta y robusta.

Asimismo, reconoce que “la minería es una actividad que requiere de inversiones grandes, que son de largo plazo. Por lo tanto, las reglas que uno establezca, también tienen que ser de largo plazo, y a eso está asociado el concepto de certeza jurídica”.

De las implicancias de este proceso, la importancia de la actividad minera, los planes del gobierno para desarrollar el litio y otros sectores, así como el papel que podrían jugar los privados, conversamos en esta entrevista con el subsecretario de Minería, quien conoce bien esta industria. Willy Kracht es ingeniero Civil Químico y Magíster en Metalurgia Extractiva de la Universidad de Chile (2004); PhD en minería y materiales de McGill University, en Canadá (2008), y fue director del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile desde 2018 hasta asumir este nuevo cargo. 

– ¿Qué lo motivó a ser parte de este proyecto, como miembro del equipo asesor del entonces candidato Gabriel Boric?

Era natural estar ahí. Era de los espacios donde me había tocado participar en estas discusiones más políticas, fuera de la Universidad. Y por la esperanza y la épica que se fue gestando, era un reforzamiento positivo. Me acerqué al equipo bien temprano, antes de las primarias. Conocía a algunas de las personas que estaban participando, a unas de la vida universitaria, a otras de la vida más política.

– ¿Fue su iniciativa o lo buscaron?

Una combinación de ambas, porque quien estaba coordinando el tema minero desde el Frente Amplio, era Santiago Oliva y trabajamos juntos en la Universidad (ingeniero químico de la Universidad de Chile, y que ahora está estudiando un master en la Universidad de Columbia, en EE.UU.). En conversaciones con él se dio de manera natural la posibilidad de participar en los equipos programáticos.

HACIA UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

– Se suele afirmar que en la mayoría de las chilenas y chilenos hay poco conocimiento sobre minería ¿Comparte esa visión? ¿Cómo se podría cambiar?

Ese es un tremendo problema; nuestra sociedad en general sabe muy poco de minería. Si uno pregunta a alguien en la calle ¿qué es la minería? la imagen es un camión con rocas o el accidente de los 33 mineros, esos dos extremos. La minería es mucho más que un camión con rocas. Parte de la mala prensa que tiene esta actividad se debe a eso: a que se ve solo una parte.

– En el programa presidencial de Gabriel Boric se vinculaba a la industria minera con el extractivismo. ¿Se recoge con ese concepto una visión que deja fuera mucho más?

Si, creo que sí. Esa imagen del camión con rocas alimenta esa idea de que es una industria extractivista, que no genera valor; ese es el problema de ese concepto. La minería es una industria de carácter extractivo porque extrae (minerales), eso es así; pero también se asocia ese término con que no genera valor. Pero cuando uno conoce el proceso minero completo, entiende que no es verdad. Se requiere mucho conocimiento y creatividad para hacer los procesos eficientes, y eso sí genera valor.

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Quisiera profundizar en el concepto de extractivismo. El problema a nivel nacional es que tenemos un modelo de desarrollo extractivista y rentista; el desafío es avanzar hacia una sociedad del conocimiento, donde se genera valor. Es importante relevar el desarrollo de conocimiento, tecnológico, de los proveedores… que existe, pero no es visible.

– En ese desafío, ¿cuál es el rol que tiene que jugar el Ministerio de Minería y usted como Subsecretario?

Es importante mostrar que la cadena de valor (en minería) es larga; y separar en los análisis, lo que son los ingresos por venta de cobre, de las otras partes de la industria. Lo que uno aprecia es que esa venta del metal es tan importante, que tiende a diluir al resto. Todo parece pequeño frente a los grandes montos que genera el cobre.

Pero lo que se desarrolla en torno a esta actividad es muy relevante.

– ¿Podemos decir, también, que este ecosistema está atrapado en las discusiones que afectan a la industria minera, como el royalty o lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional?

Tomo el punto. Los proveedores tienen otros problemas (que las compañías mineras): si hay recursos para el desarrollo tecnológico; si hay capital de riesgo para innovar; si existen espacios de prueba para nuevas soluciones; son desafíos de innovación.

El problema es que para que esa discusión se pueda dar, primero tiene que haber minería; y si se ponen en debate las reglas del juego (de esta actividad), toda la preocupación va hacia allá.

DISCUSIÓN CONSTITUCIONAL

– ¿Y cuál es la posición del gobierno sobre esas reglas del juego? Porque la discusión que se está dando en la Convención Constituyente podría cambiar el actual modelo.

La minería es una actividad que requiere de inversiones grandes, que son de largo plazo. Por lo tanto, las reglas que uno establezca, también tienen que ser de largo plazo, y a eso está asociado el concepto de certeza jurídica. Nosotros tenemos un programa que marca una ruta en esa discusión sobre reglas del juego. Entendemos, al mismo tiempo, que hay interés manifestado a nivel parlamentario y también en la Convención Constituyente, respecto no sólo del impacto de esta actividad minera, sino que sobre la retribución que se obtiene de ella.

En el Gobierno creemos que la solución a esto se puede dar por la vía de la tributación; y ahí aparece el Royalty.

También entendemos que hay una discusión más amplia en la Convención, y respetamos la autonomía del poder constituyente para llevarla adelante. Esto no implica que no nos toque un rol.

La nueva Constitución que salga -después del plebiscito de salida- va a requerir la adecuación del cuerpo normativo: leyes, decretos, códigos, etc. Sabemos que ahí vamos a tener un rol importante. La sola redacción del articulado constitucional, no resuelve inmediatamente la forma en cómo se va a jugar en este nuevo rayado de cancha. Eso le va a tocar liderar al Ministerio de Minería, y también al Parlamento. Implica abrir espacios de diálogo amplio, donde se ponderan los efectos de las decisiones que se hayan tomado a nivel constitucional, y se hacen las bajadas a los cuerpos normativos del nivel inferior.

– Cuando plantea que respetan la autonomía de los constituyentes, ¿esto quiere decir que en este periodo de redacción no deben jugar ningún papel respecto de lo que salga, particularmente referido a minería?

Difícil pregunta… Respetar la autonomía no quiere decir que uno no tenga una opinión; pero cuando sea el momento, nosotros vamos a manifestarla.

– ¿Cuándo sería ese momento?

Cuando haya avanzado esa discusión. Algo ya dijo el Presidente Boric, en el sentido de que las conclusiones tenían que hacerse sobre el texto final. Ha habido muchas propuestas, de diversa índole, y nosotros no podemos participar ni hacernos cargo de todas ellas. Es importante que el poder constituido no interfiera en el poder constituyente; eso nosotros lo respetamos.

CLARIDAD PARA LOS INVERSIONISTAS

– En la propuesta inicial de Estatuto Minero votado por la Comisión de Medio Ambiente se elimina el actual régimen de concesiones mineras, lo que genera inquietud en la industria. Desde su experiencia, ¿qué impacto podría tener un cambio de este tipo?

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Hay una propuesta que apunta a tener concesiones administrativas, hoy tenemos concesiones judiciales, que entregan los Tribunales de Justicia. Evidentemente tiene un impacto, cambia la forma. Para lograr confianza en un sistema basado en concesiones administrativas se requiere tener claridad en todas las reglas de ese juego, y ahí a nosotros (el Ministerio) nos toca un rol.

En la eventualidad de que se avance hacia concesiones administrativas, vamos a tener que establecer mucha claridad en la discusión posterior, respecto de cuáles serán las condiciones que se tienen que cumplir para poder optar a ellas.

– ¿Es factible asegurar certidumbre a las compañías mineras con una autorización administrativa?

Yo pienso que sí. Hay muchos lugares en el mundo donde es así. El concepto de certeza jurídica es rector en las discusiones de adecuación de normativas. Es lo primero que se pone encima de la mesa, entendiendo que la minería es un negocio a largo plazo, y que es importante disminuir lo más posible el periodo de pausa en la toma de decisiones de invertir.

Por eso es urgente esa discusión, y probablemente la vamos a estar teniendo el segundo semestre.

De llegar a ocurrir, y tenemos un periodo en que la industria no va a tener claridad para la toma de decisiones ¿Cómo se puede subsanar eso?

Por un lado está la importancia de los artículos transitorios; eso define el plazo que vamos a tener para adecuar normativas. Entiendo que para el mundo minero esto es un tema muy sensible, porque mientras no demos claridad, al menos, de cómo se va a hacer esa discusión, es probable que los inversionistas opten por la cautela, esperar.

Para nosotros es urgente que, en el momento en que esté el articulado, dar inicio a la discusión de la nueva normativa. Y tenemos que dar muestras de que ese proceso se plantea de manera robusta.

PRIORIDADES ACTUALES DEL MINISTERIO

– Más allá de este trascendental proceso. ¿Cuáles son las otras prioridades para el Ministerio de Minería?

Declaramos tres prioridades, que son: la creación de la Empresa Nacional del Litio, el fortalecimiento de la capacidad de fundición, y el apoyo y robustecimiento de la pequeña y mediana minería.

La pequeña y mediana minería tiende a diluirse en los números de la gran minería, como ocurre con los proveedores. Ahí va a ser muy importante el fortalecimiento de Enami, que juega un rol clave.

– ¿Enami va a seguir teniendo su doble rol?

Sí, un rol productivo y de fomento. La sola existencia de Enami mantiene muy ordenada a  la industria; en Chile casi no tenemos minería informal, mientras que en otros países esto es un dolor de cabeza. Es un modelo particular y funciona bien, pero necesita un reforzamiento. Y robustecer a Enami implica apoyar a la mediana y pequeña minería.

– ¿Y en cuanto al segundo punto, fundiciones?

El fortalecimiento de fundiciones es relevante, porque toca nudos críticos del programa de Gobierno, a nivel transversal. Uno de los ejes, no sólo en minería, es la lucha contra la crisis climática. Ahí, en el caso nuestro, el foco es la descarbonización. Hay metas de llegar a la carbono neutralidad, y eso requiere de compromisos de la industria y del Estado, porque hay que coordinar esfuerzos. Tenemos que desarrollar algunas capacidades que hoy no están, como la trazabilidad de emisiones. De aquí al 2023 deberíamos tener alguna metodología para hacerlo, y decir que el cobre que sale de Chile lo hace con determinada emisión.

– Para ello, ¿cuál es la propuesta?

La solución puede ser renovar la fundición de Enami (Hernán Videla Lira, en Paipote) o tener capacidad nueva. Queremos explorar ambas alternativas, sin descartar ninguna a priori. La nueva capacidad probablemente no sería estatal; hay que buscar socios interesados, que probablemente no serán los mineros, porque este es otro negocio. Ese desarrollo toca un nudo crítico, también, de los nuevos tiempos: ser capaces de mostrar que es posible tener capacidad industrial de este tipo, sin que eso signifique crear una nueva zona de sacrificio. Hay tecnología para eso.

DESARROLLO DEL LITIO Y ROL DE LOS PRIVADOS

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“La otra prioridad del ministerio -añade el subsecretario-, es la creación de la Empresa Nacional del Litio, que no es estatal, como Codelco. Nos interesa que el Estado genere condiciones para el desarrollo de la industria de este mineral, y que tenga participación; pero que vengan socios a colaborar”.

– ¿No descartan, entonces  la colaboración con privados?

No sólo no lo descartamos, sino que la vamos a incentivar. Porque hay un problema: el boom del litio es ahora, y no tenemos el tiempo para lograr el aprendizaje necesario para operar. Es importante que traigamos socios, no sólo por el capital, sino que además, con el conocimiento; lo que nos va a permitir adelantar esto cuatro, cinco o más años, que es lo que nos demoraríamos en aprender y echar andar algo (para producir).

Cuando hablamos de Empresa Nacional del Litio, queremos superar la parte extractiva del negocio. Queremos avanzar más allá, y desarrollar materiales de mayor valor agregado, que después exportaremos para construir baterías. Es difícil pensar que en el corto plazo, o alguna vez, vamos a tener una industria de baterías en Chile, porque el litio es una parte menor: como el 10% de este producto. Sería poco eficiente traer el 90% de la otra parte, para hacer las baterías acá.

Tenemos con esto la posibilidad de mostrar una especie de modelo de desarrollo diferente. Nosotros construimos esta empresa desde el interés de generar este conocimiento.

– En el Salar de Atacama ya hay dos grandes actores produciendo. ¿Dónde operaría esta Empresa Nacional del Litio?

Respecto del Salar de Atacama hay que ver bien si es o no posible instalar capacidades adicionales ahí. Una parte del problema es entender bien los salares; si resiste o no una operación de estas características. Antes de definir el dónde, yo iría por el cómo. Y es una discusión que tendrá que pasar por el Congreso, donde nosotros no manejamos los tiempos. Puede ser un periodo corto o muy largo.

Pero no nos podemos quedar esperando que esta discusión concluya; lo que tenemos que hacer es echar a andar capacidades lo más rápido posible.

– ¿Cómo?

Por ejemplo, apoyando el trabajo de Codelco. Enami, a nivel de estudios, hizo algunos avances. Codelco tiene un contrato especial de operación de litio en el Salar de Maricunga, ahí tenemos una oportunidad.

Entonces, si tuviera que responder el dónde, yo diría que a través de lo que está haciendo Codelco -y con más apoyo desde el Estado-, partiríamos mirando Maricunga. Más apoyo desde el Estado implica ser capaces de animar una discusión sobre qué tipo de asociatividad se necesita para ir a explotar el litio. Lo que entendemos es que este es un tipo de salar que no resistiría más de una operación.

– ¿Qué interés tendría un eventual inversionista, si en la Convención avanzan propuestas que dejan en manos del Estado la explotación del litio?

Hay que esperar el texto completo.

– ¿La idea es llamar a licitación para que vengan empresas extranjeras?

La palabra licitación tiene una carga, cuando hablamos de litio. Sin ponerle un nombre, va a haber un proceso de búsqueda de socios estratégicos; si es o no a través de una licitación, no me atrevería a afirmarlo ahora. Una licitación bien hecha es  la forma, porque uno puede evaluar en su mérito las mejores ofertas; pero tienen mala fama, con tantas experiencias negativas en este caso.

Están tomando también la Política Nacional Minera, que se trabajó en el gobierno anterior ¿Qué esperan rescatar de ahí?

Esto es igual que la política energética. Yo valoro mucho el trabajo de la Política Nacional Minera, porque fue un trabajo transversal y muy amplio. Tenemos la tarea de volver a llamar a la mesa a algunos actores, que se restaron mientras dure el trabajo constitucional; pero eso no implica que lo que ya está discutido se vuelva a tratar. Lo que vamos a hacer es continuar mejorando y avanzar en la implementación, que pasa por formalizar compromisos, con seguimiento. Al mismo tiempo, es necesario generar condiciones habilitantes, como la trazabilidad y dónde recoger los números.