En la región de Antofagasta, emprendedores como Nibaldo Castillo han encontrado en la minería el lugar ideal para desarrollar innovaciones tecnológicas que ayudan a que los procesos se lleven a cabo de forma más limpia y sustentable.
La propuesta -que requería alcanzar 15 mil firmas para ser considerada- busca que las normas constitucionales mineras den garantías suficientes para mantener un desarrollo sostenible. Además, pone énfasis en la protección medioambiental, promueve que más recursos sean invertidos en los territorios mineros y releva el rol de los minerales para hacer frente al cambio climático.
Académico y director del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile, integró el equipo del Plan de Gobierno de Gabriel Boric.
El director ejecutivo de Aprimin, profundiza en las implicancias que tendría esta medida, luego de la decisión de la Comisión de Medioambiente de la Convención Constitucional de aprobar una propuesta en este sentido.
La Comisión de Medioambiente de la Convención Constitucional aprobó en general este martes una norma que nacionaliza las empresas de explotación y exploración de bienes estratégicos, pasando al dominio nacional todos los bienes de dichas empresas y de sus filiales en el país.
Hasta el lunes 31 de enero ya eran 60 las Iniciativas Populares de Norma ingresadas en la plataforma digital de participación de la Convención Constitucional que habían logrado las 15 mil firmas necesarias.
En encuentro organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCH), los académicos Gustavo Lagos, Emilio Castillo y Juan Ignacio Guzmán, coincidieron en que la contribución social y económica que genera la minería, es mayor que los aportes que entrega al Fisco.
La gremial considera que los cambios propuestos al Código Minero para el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), podrían alterar la estabilidad del rubro.
Dadas las discrepancias se optó por una fórmula híbrida, que considera un pago por ventas y otro por la rentabilidad de las empresas.
