El organismo concluyó que la operación por US$520 millones se ajustó a derecho y no configuró conflictos de interés ni perjuicio patrimonial.
El evento se realizará el 27 de agosto en Santiago y reunirá a autoridades, empresas y expertos en torno a los desafíos clave de la industria.
El presidente del gremio, Jorge Riesco, encabeza la delegación en Toronto con foco en minerales críticos, seguridad de suministro y el fortalecimiento de vínculos con inversores de Estados Unidos y Canadá.
El presidente del gremio, Jorge Riesco, llamó a pasar del diagnóstico a la acción para atraer inversión y acelerar el desarrollo de proyectos en un contexto de alta demanda global.
El gremio minero estima que la producción podría aumentar entre 10% y 20% en el corto plazo, apoyada en una agenda proinversión y un contexto internacional de alta demanda.
En dependencias de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) realizó la charla “Plan de Modernización Tecnológica del SEIA”, instancia en la que dio a conocer al sector minero los principales lineamientos de su estrategia para modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante la incorporación de herramientas digitales, automatización de procesos e inteligencia artificial.
La Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) cerró con éxito la 14° edición de su tradicional Curso de Minería para Periodistas, iniciativa que durante dos meses —entre el 2 de octubre y el 4 de diciembre de 2025— capacitó a 52 comunicadores y profesionales vinculados al sector. El programa, desarrollado en formato presencial y online, buscó fortalecer las capacidades técnicas de periodistas y equipos de comunicación que informan sobre una industria estratégica para el país.
El mecanismo, creado para proteger a los pequeños productores ante la volatilidad del cobre, alcanzó su devolución completa más intereses, sumando más de US$97 millones. El Gobierno y SONAMI destacaron el cumplimiento ejemplar del sector.
Un estudio elaborado por el gremio advierte que las guías y criterios del Servicio de Evaluación Ambiental se han transformado en exigencias de facto, generando sobrecostos y demoras de hasta un año en la tramitación de proyectos.
