El país figura entre los que concentran más acusaciones por impactos sociales y ambientales en la minería de minerales clave para la transición energética. No obstante, también es destacado por avanzar en marcos regulatorios y nuevos modelos de cogestión con comunidades indígenas.
Chile aparece como uno de los países más mencionados en el informe Transition Minerals Tracker 2025, publicado por el Business & Human Rights Resource Centre, que analiza 835 denuncias de abusos a derechos humanos, laborales, ambientales y comunitarios relacionados con la extracción de minerales críticos para la transición energética entre 2010 y 2024.
Con 112 casos documentados, Chile se ubica como el segundo país con mayor número de denuncias acumuladas, después de Perú. En 2024, Sudamérica fue la región con más nuevos casos registrados (48), “impulsados en gran parte por un fuerte aumento de las denuncias en Chile” (p. 28).
Las acusaciones más frecuentes en el país involucran daños ambientales, impactos en comunidades locales y pueblos indígenas, y conflictos laborales, particularmente en proyectos de litio y cobre. El informe destaca que “ocho de los nuevos casos registrados en 2024 en Chile afectaron a pueblos indígenas y fueron todos en operaciones de litio” (p. 20).
Pese a ello, el informe también resalta que Chile es “el país con más acciones regulatorias emprendidas en 2024” (p. 29). Entre las medidas identificadas se cuentan la Estrategia Nacional del Litio, que contempla modelos de asociación público-privada y promueve la transparencia; la Política Nacional Minera 2050, y la nueva Ley de Regalías Mineras.
El documento señala que estas políticas “pretenden promover el desarrollo de la industria con mayor transparencia, beneficios para el país y las comunidades locales, y un enfoque más sostenible y participativo” (p. 29), aunque advierte que aún no está claro si su implementación tendrá un efecto real en la reducción de abusos.
En paralelo, Chile fue protagonista de un hito inédito en participación indígena. En septiembre de 2024 se firmó un acuerdo entre Wealth Minerals y la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe (CIQO), para desarrollar conjuntamente el proyecto de litio Kuska. “Esta es la primera asociación público-privada que otorga una participación directa a una comunidad indígena en un proyecto minero de litio en Chile”, destaca el informe (p. 30).
A través de esta alianza, la comunidad obtendrá un 5% de participación en el proyecto y un asiento en el directorio. El informe subraya que “la asociación reconoce los derechos indígenas, otorga capacidad de decisión y establece mecanismos de gobernanza compartida” (p. 30).
En contraste, se menciona el caso del Salar de Atacama, donde en mayo de 2024 “las comunidades indígenas bloquearon el acceso a las operaciones mineras, exigiendo conocer el contenido del contrato entre Codelco y SQM y participar en la definición de las condiciones de explotación” (p. 22). Según el informe, las comunidades argumentaron que “no es viable aumentar la extracción de litio en el salar sin generar una crisis hídrica” (p. 22).
En sus conclusiones, el Transition Minerals Tracker advierte que “la minería de transición energética no puede continuar bajo modelos extractivos tradicionales” y que es necesario “garantizar el consentimiento libre, previo e informado, y una gobernanza compartida, especialmente con pueblos indígenas” (p. 5).
Así, Chile aparece en el informe tanto como foco de conflictividad, como espacio de innovación institucional, en un escenario global que exige que la transición energética sea también una transición en derechos humanos y justicia territorial.
