El Gerente General del Consejo Minero, Juan Urenda, presentó recientemente la postura del gremio respecto al Proyecto de Ley de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental, destacando la necesidad urgente de abordar los conflictos existentes entre diferentes normativas. Durante su exposición, Urenda destacó que existe un empalme problemático entre la Ley de Delitos Económicos y Ambientales y la Ley de Fiscalización, lo que genera inconvenientes que deben ser atendidos para mejorar la regulación. Este empalme legal es visto como un obstáculo significativo que impide una gestión efectiva y pertinente en el ámbito de la fiscalización ambiental.
Urenda subrayó varias áreas de preocupación que requieren atención inmediata. Entre ellas, mencionó la insuficiente claridad en la descripción de las conductas que son sancionadas bajo los regímenes administrativo y penal. Esta falta de precisión no sólo confunde a los reguladores y a las empresas, sino que también puede llevar a sanciones inadecuadas que afectan la equidad en el tratamiento de las distintas infracciones. También mencionó la escasa coordinación entre los procedimientos sancionatorios, un problema que, según él, perpetúa la ineficacia del sistema y requiere un análisis detallado para su solución.
Otro aspecto crítico mencionado por el Gerente General es la expansión del régimen sancionatorio ambiental, que, si bien busca proteger el medio ambiente, puede resultar contraproducente si se implementa de manera desarticulada. La regulación ambiental en Chile ha avanzado considerablemente en los últimos años, estableciendo estándares alto, pero Urenda advirtió que esta evolución ha carecido de un enfoque sistemático que considere cómo estas nuevas normas podrían afectar la coherencia del régimen punitivo ambiental. La falta de un enfoque estratégico podría debilitar los esfuerzos de cumplimiento y supervisión en el sector.
El ejecutivo resaltó que el proyecto de ley en discusión representa una oportunidad crucial para resolver diversas deficiencias del régimen punitivo ambiental en Chile. Urenda recomendó un esfuerzo concertado para precisar las descripciones de las infracciones tanto administrativas como penales, enfatizando la necesidad de uniformidad en las definiciones de conductas y una clara diferenciación entre la gravedad de los ilícitos. Esto no solo ayudará a asegurar un régimen más justo y efectivo, sino que también facilitará el entendimiento y la aplicación de las normas por parte de les empresas y los entes reguladores.
Finalmente, el Consejo Minero hizo un llamado a las autoridades y a todos los actores involucrados a tomar en consideración estas observaciones y a trabajar en conjunto para mejorar el marco legal de fiscalización y cumplimiento ambiental. Urenda concluyó su presentación invitando a todos a consultar el documento completo con las observaciones del Consejo Minero, que está disponible en línea, donde se detallan las propuestas de mejora para un marco regulatorio más coherente y eficiente en el país.
