Tras el hallazgo de los seis mineros fallecidos, se clausuró el sector afectado y comenzó una investigación penal por cuasidelito de homicidio. La estatal convocó una auditoría internacional mientras el Gobierno exige informes técnicos para reanudar operaciones.
Con el hallazgo del cuerpo de Moisés Pávez, se confirmó la muerte de los seis trabajadores que permanecían atrapados desde el jueves pasado en la División El Teniente de Codelco, convirtiendo al derrumbe en la tragedia minera más grave en más de 30 años para la estatal chilena. A partir de ahora, las miradas se concentran en la investigación judicial, las eventuales responsabilidades y los pasos necesarios para retomar la operación del mayor yacimiento subterráneo de cobre del mundo.
El sector donde ocurrió el derrumbe, en la zona de Andesita, permanece clausurado por orden de la Fiscalía Regional de O’Higgins, que investiga el hecho como un cuasidelito de homicidio. Paralelamente, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) ha solicitado a Codelco cuatro informes técnicos, que deberán incluir el análisis de causas del colapso, un plan de recuperación y evaluación de los sistemas de fortificación, antes de autorizar cualquier reanudación de faenas subterráneas.
El fiscal regional Aquiles Cubillos indicó que “vamos a realizar una investigación objetiva y profesional, e invitaremos a todos los que quieran cooperar”. Además, anunció que se ofició a Sernageomin para aclarar por qué no se informó oportunamente un accidente mortal ocurrido en la misma división en 2023, donde falleció un mecánico de Schwager.
Desde Codelco, el presidente del directorio, Máximo Pacheco, anunció la contratación de una auditoría internacional para revisar los protocolos de seguridad y esclarecer lo ocurrido. “Somos los primeros interesados en entender todo lo que sucedió y en asumir las responsabilidades que correspondan. Los seis trabajadores que hemos perdido no serán olvidados”, declaró el directivo, añadiendo que la estatal “honrará su memoria con acciones concretas”.
El Teniente representa aproximadamente una cuarta parte de la producción de Codelco, que busca recuperar los niveles pre pandemia de 1,7 millones de toneladas anuales. Actualmente, la producción bordea las 1,4 millones. La suspensión total de faenas supone una afectación directa al plan de inversiones para renovar operaciones envejecidas.
Según estimaciones del sector, cada día de paralización en El Teniente podría implicar pérdidas de entre US$8 y US$10 millones. Esto ocurre en un contexto de creciente demanda global por cobre y de presión sobre la estatal para mejorar sus niveles de productividad tras varios años de baja.
Además de la causa penal, podrían iniciarse demandas civiles por indemnización de perjuicios. “Si se acredita responsabilidad penal, las familias podrán sumarse a la acusación o presentar demandas civiles, tanto en sede penal como ante tribunales civiles”, explicó Javier Castro, académico de la Universidad Autónoma.
A estas acciones podrían sumarse demandas por parte de los familiares contra la empresa contratista Gardilcic, Codelco como empresa mandante, e incluso contra el Estado, invocando falta de servicio por no garantizar condiciones seguras de trabajo.
Desde el ámbito laboral, se estudian eventuales incumplimientos de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos, subcontratación y accidentes del trabajo. “Este caso puede derivar en compensaciones por daño emergente, moral y lucro cesante”, sostuvo el abogado laboralista Juan Pablo Díaz.
El Presidente Gabriel Boric, quien ha visitado la zona en dos ocasiones desde el accidente, decretó tres días de duelo nacional y exigió celeridad en las investigaciones. “La justicia debe ser oportuna, porque cuando tarda, no es justicia”, dijo, enfatizando la necesidad de revisar protocolos de seguridad no solo en Codelco, sino en toda la minería chilena.
Esta tragedia ha reabierto el debate sobre las condiciones de seguridad en faenas mineras. Según cifras de Sernageomin, hasta julio de 2025 se habían registrado ya ocho fallecidos, un 60% más que en igual período de 2024, sin contar a las víctimas de El Teniente.
La tragedia marca un punto de inflexión para la industria minera chilena y para Codelco, que deberá enfrentar no solo las consecuencias judiciales, sino también el desafío de recuperar la confianza de sus trabajadores y del país.
