Los gremios advierten una fuerte caída en producción y empleo y acusan políticas públicas ineficientes que amenazan la sostenibilidad de la minería chilena.
Las asociaciones mineras del país llamaron al Gobierno y al Congreso Nacional a establecer una mesa de diálogo que integre a representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo y de los estamentos mineros, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que impida seguir dañando la principal actividad productiva de Chile. En un contexto marcado por graves problemas en el sector, atribuidos en gran parte a políticas públicas deficientes implementadas por el Ejecutivo, los trabajadores se declararon movilizados para exigir soluciones inmediatas mediante un comunicado. La propuesta busca, señalan, una vía de consenso que permita estabilizar la relación entre autoridades y la industria minera, evitando impactos mayores sobre la producción y el empleo. La convocatoria fue difundida a través de la Revista Minera Crisol.
Los efectos de la llamada ‘ineficiencia gubernamental’ se manifiestan, según las mismas agrupaciones, en una caída de la producción de cobre fino de 90 mil toneladas a solo 45 mil en la última década, y en un aumento del desempleo en la actividad minera del 32%, mientras las faenas mineras en el país pasaron de 1.800 a 720. Estos datos resaltan la magnitud del deterioro que el sector señala como consecuencia de las políticas públicas.
Una investigación de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, citada en el comunicado, señala que el crecimiento de la carga regulatoria en la última década fue del 246% para la minería, lo que ha tenido un impacto significativo en la actividad. En paralelo, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Producción Minera cayó 6,3%, la mayor caída desde febrero de 2025 (-6,6%), destacando un descenso del 6,0% en la minería metálica.
Los representantes del sector destacan que la minería se adhiere a los pilares fundamentales del desarrollo sustentable: crecimiento económico, protección del medio ambiente y una integración armónica con comunidades y territorios. Sin embargo, sostienen que las normas deben aplicarse con transparencia y objetividad. Como ejemplo, señalan los listados de 99 sitios prioritarios dados a conocer por la autoridad ambiental en virtud de la ley N° 21.600 sobre Biodiversidad y Áreas Protegidas, que presentan una ausencia de fundamentos técnicos y legales para justificar el llamado a consulta pública con un plazo de solo 30 días para decidir.
En ese marco, las asociaciones mineras del país insisten en que Gobierno y Congreso deben constituir una mesa de diálogo que incluya a representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo y de los estamentos mineros, con el fin de alcanzar un acuerdo que impida seguir dañando la principal actividad productiva de Chile. La demanda se enmarca en la preocupación por la sostenibilidad del sector y la necesidad de soluciones institucionales rápidas. (Fuente: Revista Minera Crisol).
