La estatal presentó la acción tras los sólidos antecedentes expuestos por la Fiscalía, que apuntan a intervenciones indebidas, presiones internas y beneficios económicos ilegítimos en fallos que obligaron a Codelco a pagar más de $17 mil millones al Consorcio Belaz Movitec.
Codelco interpuso una querella criminal contra siete personas —entre ellas la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, su pareja Víctor Gonzalo Migueles, dos abogados y tres intermediarios— por delitos de cohecho agravado, soborno y lavado de activos, luego de que el Ministerio Público expusiera antecedentes “contundentes” en la formalización de los abogados Mario Vargas, Carlos Lagos y del contador Migueles Oteiza.
La acción, presentada el sábado 15 de noviembre ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se dirige también contra el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber; el conservador de Chillán, Yamil Najle; y el empresario Harold Pizarro, todos señalados por su participación en operaciones destinadas a ocultar el origen de fondos obtenidos mediante resoluciones judiciales que favorecieron al Consorcio Belaz Movitec (CBM).
Según la querella, los hechos confirmaron las sospechas que Codelco mantenía desde 2023 sobre irregularidades en la tramitación de su demanda contra CBM, la cual derivó en pagos superiores a $17 mil millones a favor del consorcio. El documento afirma que existió un “patrón de comportamiento” en el que la exministra habría intervenido reiteradamente para acelerar resoluciones y favorecer a la empresa.
Entre las actuaciones descritas, Codelco destaca que Vivanco ordenó a la sala conocer recursos sin la resolución previa del presidente de la Corte Suprema, e intentó validar decisiones sin cumplir el procedimiento reglamentario. Según la estatal, estas intervenciones infringieron deberes propios del cargo “a cambio de beneficios económicos entregados a ella y/o a su pareja”, como sostuvo la Fiscalía en la audiencia de formalización.
La acción también detalla la secuencia de depósitos en efectivo recibidos por la pareja de la exministra poco después de que Codelco efectuara pagos millonarios al consorcio, así como los traspasos efectuados por el estudio Lagos & Vargas en fechas coincidentes con resoluciones perjudiciales para la empresa. Parte de esos fondos habría llegado a Migueles a través de operaciones atribuidas a Yáber, Najle y Pizarro, con la finalidad de ocultar su origen ilícito, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público.
Codelco recordó que desde septiembre de 2024, tras ser reconocida como víctima en la causa, ha participado activamente en la investigación, aportando antecedentes y solicitando diligencias clave para el avance del caso. La estatal anunció que seguirá ejerciendo sus facultades como querellante para contribuir al esclarecimiento completo de los hechos y a la determinación de responsabilidades penales.
La querella fue declarada admisible este 18 de noviembre de 2025 por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
