Los recursos buscan fortalecer la inversión local, reducir brechas territoriales y aumentar la autonomía financiera de los municipios.
Un total de 309 comunas de Chile comenzaron a recibir los recursos correspondientes a la primera cuota del Royalty Minero 2026, que asciende a $56.633 millones. La transferencia, iniciada el 15 de abril, tiene como objetivo reforzar el financiamiento municipal y ampliar la capacidad de inversión en los territorios .
Los fondos son administrados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) y están destinados a financiar proyectos en áreas como seguridad, salud, educación, infraestructura y recuperación de espacios públicos, permitiendo a los municipios responder a necesidades prioritarias de sus comunidades .
De este total, $13.729 millones corresponden al Fondo de Comunas Mineras (FCMI), que beneficia a 45 comunas con actividad minera activa, mientras que $42.904 millones se distribuyen a través del Fondo de Equidad Territorial (FET), alcanzando a 302 municipios con mayores brechas presupuestarias .
El subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa, señaló que esta transferencia busca entregar herramientas concretas a los gobiernos locales para enfrentar desafíos urgentes. En ese sentido, destacó que los recursos permitirán abordar materias como seguridad pública, recuperación de espacios urbanos y reactivación del desarrollo comunal.
El Royalty Minero corresponde a un impuesto aplicado a las grandes empresas del sector, que distribuye anualmente cerca de US$450 millones a regiones y comunas del país, con el objetivo de que la actividad extractiva se traduzca en beneficios directos para los territorios.
La asignación de los recursos del FCMI se define a partir de criterios establecidos por la Comisión Chilena del Cobre, considerando la presencia de operaciones mineras activas y la localización en regiones mineras. Por su parte, el FET busca avanzar en equidad fiscal, reduciendo las diferencias de ingresos entre comunas con distintas capacidades presupuestarias .
Este mecanismo se consolida como una herramienta clave para fortalecer la descentralización y mejorar la inversión pública a nivel local, en un contexto donde la gestión eficiente de los recursos será determinante para maximizar su impacto en las comunidades.
