Sernageomin activó su protocolo nacional ante un sistema frontal que afectará diez regiones. Especialistas advierten que las paralizaciones por eventos climáticos también exponen vacíos en contratos y seguros entre mineras y contratistas.
El avance de un sistema frontal de alta intensidad llevó al Gobierno a decretar emergencia preventiva entre las regiones de Atacama y Los Ríos, activando medidas especiales para enfrentar un evento climático que se extenderá hasta el 21 de julio y que contempla lluvias, fuertes vientos y nevadas en gran parte del país.
En el ámbito minero, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) activó su Sistema de Comando de Incidentes a nivel nacional, coordinando el monitoreo de las faenas entre Atacama y Los Lagos ante el aumento del riesgo operacional.
Riesgos para las operaciones
Entre las principales amenazas identificadas por la autoridad se encuentran posibles filtraciones o fallas en depósitos de relaves, remociones en masa y aluviones, inestabilidad de taludes en minas a cielo abierto y subterráneas, además de cortes de conectividad por desprendimientos de rocas y daños en caminos de acceso.
Las regiones de Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins concentran una parte importante de la preocupación debido a la coexistencia de grandes operaciones con numerosas faenas de pequeña y mediana minería, muchas de ellas emplazadas en zonas cordilleranas.
El costo de una paralización
Más allá del daño físico que puede provocar un evento meteorológico extremo, especialistas advierten que las interrupciones operacionales también exponen riesgos financieros y contractuales que muchas veces no están adecuadamente considerados.
«Cuando una faena se detiene por un temporal, el contrato entre la minera y sus contratistas rara vez define con claridad quién asume los costos de la inactividad y quién responde si un equipo o una persona sufre daño en ese período. Ese vacío se descubre siempre en el peor momento, cuando ya ocurrió el incidente», señala Lucas Behncke, especialista en seguros mineros de Ventus Group.
Según el ejecutivo, una operación de mediana minería puede dejar de percibir entre US$10.000 y US$15.000 diarios por producción no despachada, sin considerar los costos asociados a mantener personal, maquinaria y servicios detenidos mientras persista la emergencia.
Lecciones del aluvión de 2015
Uno de los principales antecedentes que sigue utilizando la industria para evaluar este tipo de riesgos es el aluvión que afectó a Atacama en marzo de 2015.
Las pérdidas económicas fueron estimadas en alrededor de US$1.500 millones, de los cuales cerca del 85% correspondió al sector minero. Sin embargo, solo entre US$400 millones y US$450 millones fueron cubiertos por seguros, debido a que gran parte de la infraestructura afectada no contaba con cobertura suficiente.
En varios casos, especialmente en la pequeña y mediana minería, la recuperación operacional tomó hasta ocho meses, superando ampliamente los períodos de cobertura contemplados en muchas pólizas de interrupción de negocios.
Contratos y seguros bajo revisión
Behncke sostiene que la creciente frecuencia de eventos climáticos extremos obliga a revisar tanto los contratos entre mandantes y contratistas como las coberturas de seguros.
«Las coberturas de paralización de faena suelen tener plazos de espera y topes que no anticipan un evento que se extiende una semana completa y afecta simultáneamente a diez regiones. Eso obliga a revisar los deducibles, los períodos de carencia y si la póliza distingue entre paralización preventiva y paralización por daño efectivo», explica.
Entre los aspectos que recomienda revisar destacan la asignación de responsabilidades durante eventos de fuerza mayor, la cobertura frente a aluviones o fallas de taludes, y la protección frente a interrupciones derivadas del aislamiento de faenas por cortes de rutas, uno de los riesgos que Sernageomin considera cada vez más relevante para la actividad minera.
