Cochilco advierte que, pese al interés geopolítico por minerales críticos, la falta de regulación y los riesgos ambientales mantienen incierto el desarrollo de esta industria
La minería submarina ha ganado visibilidad en el debate internacional como una posible fuente futura de minerales críticos clave para la transición energética, como níquel, cobalto, cobre, litio y manganeso. Sin embargo, de acuerdo con el informe “Monitoreo a la Minería Submarina”, elaborado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), su desarrollo a escala comercial enfrenta todavía importantes barreras regulatorias, tecnológicas y ambientales, lo que limita su impacto en los mercados mineros en el corto y mediano plazo.
El documento señala que, aunque existen avances relevantes en exploración —con 31 contratos otorgados por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), principalmente para nódulos polimetálicos en la zona Clarion-Clipperton del océano Pacífico—, la normativa para la explotación aún no ha sido aprobada. Este proceso se ha visto tensionado por presiones internacionales, como la invocación de la “regla de los dos años” por parte de Nauru y decisiones unilaterales de países como Estados Unidos, que buscan habilitar operaciones bajo su propia jurisdicción.
En términos productivos, Cochilco estima que un escenario realista para el inicio de la minería submarina se ubicaría entre 2032 y 2036, considerando los plazos necesarios para cerrar el Código de Explotación, completar estudios ambientales y validar tecnologías aún en desarrollo. Bajo estos supuestos, y con seis empresas operando en forma gradual, la producción máxima de cobre proveniente de minería submarina alcanzaría alrededor de 373 mil toneladas anuales hacia la década de 2040, lo que equivale a solo un 1,2% de la producción mundial de cobre refinado proyectada para ese período.
El informe subraya que, en los proyectos analizados, el cobre no es el metal principal, sino un subproducto dentro de modelos de explotación multimetálica, donde el níquel y el manganeso concentran la mayor parte del valor económico. Por esta razón, Cochilco concluye que no se observan impactos significativos de la minería submarina sobre el mercado del cobre en los próximos 15 a 20 años.
Uno de los principales factores que explican esta cautela es el riesgo ambiental asociado a la actividad. Entre los impactos potenciales se identifican la pérdida de biodiversidad, la alteración de hábitats marinos, la dispersión de sedimentos en suspensión, la contaminación acústica y lumínica, y la posible liberación de sustancias tóxicas. Dado que muchos de estos efectos podrían ser irreversibles, 37 países —incluido Chile— han solicitado una pausa precautoria en el avance hacia la explotación comercial, a la espera de mayor evidencia científica y marcos regulatorios más robustos.
Desde una perspectiva estratégica, el informe reconoce que el interés de grandes potencias por la minería submarina responde a la creciente competencia por el suministro seguro de minerales críticos. No obstante, su viabilidad futura dependerá de avances tecnológicos que permitan reducir costos, minimizar impactos ambientales y asegurar estándares regulatorios comparables a los de la minería terrestre.
En este contexto, Cochilco plantea que la minería submarina podría convertirse en una fuente complementaria de minerales críticos en el largo plazo, pero advierte que su desarrollo seguirá marcado por una alta incertidumbre. Para países con una industria minera consolidada como Chile, el desafío estará en equilibrar la discusión geopolítica y económica con la protección de los ecosistemas marinos y la necesidad de contar con información científica sólida antes de avanzar en definiciones regulatorias de gran escala.
