Abogada María Luisa Baltra: No hay certezas sobre cómo se van a seguir aprovechando los minerales

“Ya tenemos el texto del proyecto de constitución; falta la armonización y los artículos transitorios. Por lo tanto, la duda que surge ahora es qué harán los constituyentes -de la comisión encargada- en las normas transitorias, en lo referente a minería”, plantea la abogada María Luisa Baltra, experta en esta materia y profesora de Derecho Minero. Al respecto, advierte que no debieran incluirse temas que ya fueron rechazados en varias oportunidades por el Pleno de la Convención. Esto, en vista de la reposición de propuestas como nacionalizar la industria, aprobada por la comisión de medioambiente al término de sus funciones.

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Otra inquietud que le genera el articulado que ya se aprobó, es: “Qué va a pasar con  la forma de aprovechar las sustancias minerales, dado que en el texto no ha quedado establecido. ¿Se mantienen las concesiones mineras? ¿Se expropiarán las que estén en terrenos protegidos de la naturaleza o de los pueblos originarios?”, acota.

En relación con este punto, hace notar una posible contradicción; ya que si bien el borrador garantiza la protección por parte del Estado a los pequeños mineros, a su juicio lo estarán en la “medida de saber dónde están ubicadas sus concesiones mineras; de lo contrario, pueden correr los mismos riesgos que la mediana y gran minería”, en caso de que sus concesiones se encuentren en áreas que eventualmente queden vetadas para esta actividad.

María Luisa Baltra es académica en las facultades de Derecho de la Universidad Católica de Chile y de la Universidad Finis Terrae. También fue jefa de la División Jurídica del Ministerio de Minería (2019-2022). En esta entrevista, nos da su análisis experto sobre el Estatuto Constitucional de los Minerales, y de las inquietudes que aún persisten.

– Como especialista y profesora de Derecho Minero ¿Qué evaluación hace del estatuto minero que se aprobó?

Que en el fondo no tuvieron la visión de mirar cuál es nuestra historia, el rol que tiene la minera, y cuán buenas son las normas que ya existen. De hecho, si uno observa el proyecto constitucional que se trabajó en el gobierno de la ex Presidenta Bachelet -que no ingresó al Congreso-, se mantenía el mismo estatuto jurídico que hoy día tenemos. Desde ese punto de vista, lo que se aprobó no es un avance, sino que un retroceso, toda vez que no hay certeza jurídica.

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Además, si la preocupación es la naturaleza, la protección de ciertos territorios; eso ya está protegido por las actuales normas ambientales, con la de cierre de faenas, con los permisos ambientales sectoriales en materia minera, y con diferentes mecanismos de protección existentes.

– ¿Por qué señala que no da certeza jurídica? ¿Dónde está la debilidad?

Si bien reconoce que el Estado es el dueño de los minerales, cosa que es buena, en ningún momento señala de qué manera se van a hacer la exploración y la explotación minera; lo deja demasiado amplio. Por lo tanto ¿Debemos entender que las concesiones mineras se van a mantener o van a desparecer? ¿Se mantendrán los tribunales ordinarios de justicia, que dan claridad y seguridad? ¿Hay otros mecanismos con los cuales podría trabajarse?

No hay certezas respecto de cómo se van a poder seguir aprovechando los minerales.

– ¿Por eso lo ve como un retroceso?

Absolutamente. Mientras no sepamos cuál va a ser la forma en que  se va a poder aprovechar en adelante las sustancias minerales -en el evento de que se apruebe esta Constitución-, con la legislación que dicte, no tenemos ninguna seguridad. En consecuencia, lógicamente puede caer el interés por aprovechar minerales en Chile.

Y si además, se necesita cobre y litio para combatir el cambio climático, estamos yendo contra los propios principios que está defendiendo el proyecto de Constitución.

NORMAS TRANSITORIAS

-Cuáles son las inquietudes que ve en la redacción de las normas transitorias?

La gran interrogante que se observa en el caso de la minería, es que quizá nuevamente se incorporen o traten de incorporar temas que ya fueron rechazados por el Pleno de la Convención; como por ejemplo posibles nacionalizaciones, expropiaciones; así como problemas que se van a presentar respecto de cómo va a ser el régimen jurídico de la actividad minera.

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– En la propuesta de la comisión de medioambiente se vuelven a plantear temas rechazados  como la nacionalización ¿Qué le parece esa situación?

Las normas transitorias tienen por objetivo hacer el paso, esa transición de lo que es la normativa vigente a lo que va a ser la nueva Constitución, en el evento de que se apruebe. Llegar y establecer temas que ya habían sido rechazados , escapa de la lógica que tienen ser una norma transitoria.

En el caso de la Convención se supone que el Pleno es el que toma las decisiones. Ya lo hizo, y estableció lo que pensaba era necesario en materia minera. Por lo tanto, volver a normar temas que ya fueron rechazados en un Pleno, donde votó la mayoría, no corresponde. Y desde ese punto de vista, que unos pocos constituyentes, que son los encargados de las normas transitorias (en la comisión respectiva), decidan por un grupo que era el encargado de velar por esto, va contra todo lo que implica el proceso que hemos estado viviendo.

Incluso podría ser considerado hasta inconstitucional, desde algún punto de vista, si se llegaran a normar situaciones rechazadas por el Pleno de la Convención.

– Con lo que está hoy en el borrador ¿Cuánto podría cambiar la legislación minera?

Si se optara por no mantener las concesiones mineras,  como es en el régimen actual, implicaría hacer una nueva codificación en materia de minería. Y si por lo que plantearon en el proceso -y fue rechazado-, se le entrega este rol a un organismo de carácter administrativo; este no está creado. Implica que tenga una ley, presupuesto, infraestructura…

– La nueva constitución también incorpora otros artículos referidos a los territorios de los pueblos originarios y zonas de protección ambiental ¿Cómo podrían afectar a  la actividad minera?

Revisando los 499 artículos del borrador, efectivamente hay una sobre protección de los territorios de pueblos originarios; lo que puede entenderse. El punto es, que si se prohíbe esta actividad en esas zonas, ellos  también pierden. Hoy día el Convenio 169 (de la OIT) reconoce que el Estado puede ser dueño de los minerales situados en territorios que corresponden a comunidades indígenas o donde se desarrollan; pero establece reglas, tales como que las empresas que ahí  realizan actividades, puedan compartir con ellas parte de las utilidades; como ya está pasando en algunas zonas del norte de Chile. Por lo tanto, las comunidades indígenas podrían llegar a perder un ingreso, si se llega a prohibir completamente la actividad minera en esas áreas; y posiblemente cualquier otro tipo de actividad económica, salvo las propias de esos pueblos. Con eso, no sé si vivirían en mejores condiciones.

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– ¿Y con respecto a la protección de glaciares y zonas vitales en cuencas hídricas?

Con la reciente modificación al Código de Aguas y el proyecto de Ley de Glaciares, que está en estos momentos en el Congreso, es más que suficiente para poder defenderlos de cualquier actividad.

Además, tenemos que pensar en el Sistema de Evaluación Ambiental; nuevamente, no habría posibilidad de que un proyecto minero se desarrollara en esos sectores.

–  El articulado menciona la protección de los pequeña mineros ¿Es garantía suficiente?

Así está considerado. Pero en este proyecto también está protegida la Naturaleza; se la considera sujeto de derecho. Entonces, si la actividad del pequeño minero o pirquinero está en estos sectores ¿Cuál de estos dos derechos prima?  Lo mismo si su propiedad minera está en terrenos de desarrollo indígena ¿Quién va a resolver esta situación? Ese es el punto.

–  En resumen ¿Cuál es su conclusión de la forma en que se abordó el tema minero?

Lamentablemente en materia minera no se reconoció la historia, no se conoció cómo funciona esta actividad. Se tomaron otros puntos de vista, que son en muchos casos más bien ideológicos, que realistas y prácticos.

El ser humano también forma parte de medioambiente; su interacción, el desarrollo social, el desarrollo económico… todo. Por lo tanto, querer preservar solamente la naturaleza es una parte. Hay que establecer los equilibrios; y eso, aquí no se ve.

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