La Corte de Apelaciones de Antofagasta anuló una resolución que ordenaba una nueva votación ministerial sobre el proyecto minero-portuario de US$2.500 millones. Organizaciones ambientalistas reiteraron riesgos para la biodiversidad y el Gobierno defendió los fundamentos técnicos del rechazo previo.
El proyecto Dominga volvió a entrar en un escenario de incertidumbre jurídica luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta anulara el fallo del Primer Tribunal Ambiental que había ordenado al Comité de Ministros emitir una nueva votación sobre la iniciativa. La decisión del tribunal de alzada se centró en aspectos procedimentales y no abordó el fondo ambiental del proyecto, devolviendo el caso a la instancia administrativa que ya lo ha rechazado en tres oportunidades.
Impulsado por Andes Iron, Dominga contempla una inversión estimada de US$2.500 millones para desarrollar dos minas a rajo abierto —Norte y Sur— y un puerto de embarque en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, con una vida útil proyectada de 26,5 años. El plan considera una producción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro de alta ley y 150.000 toneladas de concentrado de cobre.
La nueva arista judicial reactivó las críticas de agrupaciones ambientales, entre ellas la Alianza Humboldt y organizaciones como Greenpeace Chile, que en los últimos días celebraron el fallo y reiteraron sus cuestionamientos al proyecto. Las agrupaciones sostienen que la cercanía de Dominga a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y al ecosistema del Archipiélago de Humboldt representa un riesgo significativo para especies protegidas, incluyendo aves marinas y mamíferos como delfines y ballenas. Asimismo, han cuestionado la suficiencia de las líneas base ambientales y advertido que los impactos acumulativos del tráfico marítimo y eventuales derrames podrían afectar irreversiblemente ecosistemas de alto valor ecológico.
En rechazos anteriores, el Comité de Ministros había argumentado deficiencias en la evaluación de biodiversidad y en los planes de contingencia frente a posibles emergencias en la zona costera. Las organizaciones opositoras sostienen que esos elementos siguen vigentes y que el proyecto no logra garantizar la protección adecuada de áreas sensibles ni de especies endémicas presentes en el territorio.
Desde el Ministerio del Medio Ambiente señalaron que la institucionalidad ambiental ha actuado dentro de sus competencias técnicas y que el proyecto permanece rechazado en virtud de la última resolución administrativa válida. La cartera ha reiterado que las decisiones adoptadas consideraron informes de servicios especializados y criterios científicos vinculados a biodiversidad, manejo de riesgos y protección de ecosistemas marinos y terrestres.
Por su parte, el Ministerio de Minería ha insistido en que el desarrollo de proyectos estratégicos debe compatibilizarse con el cumplimiento estricto de la normativa ambiental vigente y con estándares técnicos robustos. Si bien la cartera no se pronunció sobre el fondo del nuevo fallo judicial, ha sostenido previamente que el proceso debe ajustarse a las reglas institucionales y respetar las decisiones adoptadas por las instancias competentes.
Desde Andes Iron calificaron el fallo como decepcionante, aunque subrayaron que se trata de una resolución procesal que no aborda los aspectos técnicos o ambientales de la iniciativa. La empresa reafirmó su intención de continuar impulsando el proyecto, asegurando que cumple con la normativa vigente y que ha superado múltiples instancias de revisión.
El caso Dominga se ha transformado en un emblema del debate sobre permisos ambientales en Chile, en un contexto en que la industria estima una cartera de inversiones mineras en espera superior a US$100.000 millones. La definición futura del proyecto continuará dependiendo de resoluciones administrativas y judiciales, mientras persiste la tensión entre desarrollo productivo y resguardo ambiental en una de las zonas ecológicamente más sensibles del país.
