Eduardo Bitran, economista y académico, se apasiona cuando habla de minería verde y de la oportunidad indiscutible que tiene Chile para avanzar en la descarbonización de la matriz energética, local y global, de la mano de elementos como el litio y el hidrógeno, producidos de manera sustentable.
Respecto de este último, señala que la invasión de Rusia a Ucrania ha dejado en evidencia, especialmente para Europa y Japón, la necesidad de tener alternativas al gas natural ruso. “La conclusión de la Comunidad Europea -añade- es que hay que acelerar la transición energética y en particular mencionan al hidrógeno verde, que se produce con energías renovables. ¿Y cuál es el país que tiene el mayor potencial del mundo en energías renovables? Chile”.
Pero agrega que esto no basta. Se necesitan marcos regulatorios, tener la licencia social y atraer miles de millones de dólares en inversión, porque los recursos con que cuenta el Estado no son suficientes. “Acá también existe una ventana de oportunidad, y los países que primero lo hagan, van a dar una señal al mercado de que se puede, y los capitales van a fluir hacia ellos”, puntualiza en esta entrevista con MyF.
Hoy Eduardo Bitran se desempeña como académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, vinculado a áreas de minería, energía y sustentabilidad. También es parte del recientemente creado Centro de Transición Energética (Centra) de esa casa de estudios, inaugurado este miércoles 6 de abril; y es presidente del Club de Innovación, un espacio donde interactúan empresas y universidades.
– Ha señalado que estamos en un súper ciclo del litio ¿Qué características tiene este periodo de boom?
Estamos viendo precios que nunca nos imaginamos para el carbonato de litio y el hidróxido de litio. Hay una demanda explosiva desde la electromovilidad, que requiere baterías que almacenen energía y hoy la única opción factible, económica y técnica, son las baterías de litio. El precio ha subido desde US$7.000 la tonelada en el mercado spot –que si bien es pequeño, da una señal del grado de escasez existente– hasta más de US$80.000 por tonelada. Es un salto de 10 veces en un año. Obviamente los contratos a largo plazo, que es donde se produce la mayor parte de las ventas, también van subiendo, aunque no a este nivel.
– ¿Cuánto podría durar?
La impresión es que este ciclo no será demasiado largo, por distintas razones. En primer lugar, porque hay mucho litio en el mundo en salares, como en Argentina, Bolivia y otros. Desde hace un tiempo vienen desarrollándose proyectos. Hoy existe un boom de inversión en Argentina, con casi US$5.000 millones en proyectos de litio, y también en otras partes del planeta, como Estados Unidos, que lo declaró material estratégico, o Australia, que en 2016 pasó a ser el gran campeón de este mercado. En respuesta al alza de precios, ya está ocurriendo un aumento de la inversión y eso va a generar un incremento de la oferta.
¿Cuánto va a durar este súper ciclo? Va a depender del crecimiento de la demanda, que está muy fuerte, y de la respuesta de la oferta. Otro elemento es que rápidamente se va a empezar a reciclar baterías de litio, constituyéndose en una oferta importante. Y, por último, hay un esfuerzo enorme de investigación para sustituir el litio por otros minerales que están menos caros.
Probablemente en los próximos diez años vamos a tener otras baterías que entrarán a competir.
– ¿Cómo puede Chile aprovechar este súper ciclo antes de que termine?
Chile ya hizo algo importante, que fue resolver el problema de las cuotas de explotación que había. Por razones que no tienen nada que ver con el mercado del litio, sino con el eventual uso nuclear de éste y el hecho de que no es concesible, se dio esa atribución a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que en 1980 estableció unas cuotas que hacían que las dos empresas que operan en el Salar de Atacama –que es la única área donde hay operación– no pudiesen expandir su producción. No había incentivos para invertir, porque las cuotas se agotaban en un plazo breve.
En 2016 y 2017 renegociamos los contratos con ambas empresas (SQM y Albemarle), sin modificar las autorizaciones ambientales, para que se pudiera aumentar la inversión en procesamiento. A cambio de ello pusimos regalías, que son las más altas que existen en el mundo para una operación de litio.
– ¿Cuántos recursos significan esas regalías para el Estado?
Sobre un precio de US$10.000/ton el Estado cobra, por una parte, el 40% del valor sobre el incremento y además el impuesto específico. Eso significa, por ejemplo, que a un precio de US$20.000/ton –que es mucho más bajo del que tenemos hoy, pero probablemente hacia allá convergerá en los próximos años–, y con una producción estimada de 250.000 toneladas al 2025, el impuesto total efectivo es 71%, es decir, US$3.000 millones de aporte al Fisco. Eso es mucho dinero, representa en torno a 0,8% del PIB. Todo el royalty que se está discutiendo para la minería metálica llega a 0,5% del PIB en condiciones optimistas. O sea, esto es equivalente a una gran reforma tributaria
¿Qué debería hacer Chile ahora? Generar las condiciones para aumentar la producción aún más.
– ¿Cuánto margen hay, si estamos hablando de llegar a 250.000 ton a 2025?
Un dato: en 2016 había 755.793 ton de carbonato de litio equivalente en superficie en el Salar de Atacama, que después había que reinyectar, porque no había autorización por la cuota. Y ese año se debe haber producido no más de 80.000 toneladas.
Con la tecnología que hoy usamos y con lo que se hace en la minería metálica, el Salar de Atacama tiene un problema de estrés hídrico. Tal como estamos, la explotación no es sustentable. Lo primero es dejar de extraer agua cruda del salar. Felizmente, Escondida tomó la decisión de dejar de extraer de Monturaqui, lo cual ahorra 1200 l/s. Pero al lado está Zaldívar, que extrae 350 l/s de agua cruda, y SQM otros 150 l/s. Es fundamental el acuerdo entre Escondida y Zaldívar para que esta última deje de extraer agua cruda; y debe haber un esfuerzo de las mineras por innovar y modificar las tecnologías de evaporación y extracción. Hay algunas muy eficientes y con ellas podríamos aumentar muchísimo la producción, pero sustentablemente. Con estas medidas podríamos subir a 400.000 toneladas fácilmente.
– ¿En qué plazo?
Al 2028. Pero para que eso sea factible hay que tomar decisiones ahora. Y una de las dificultades es el horizonte que tienen los contratos. En el caso de SQM, este vence en 2030. Los incentivos para hacer un cambio radical no existen.
El que tiene que mirar esto y evaluar cómo se avanza y aprovecha la oportunidad es el Estado chileno. Pero también hay una responsabilidad de las empresas con la sustentabilidad del Salar de Atacama.
INSTITUCIONALIDAD
– Al término del anterior gobierno se hizo una licitación del litio que causó polémica y se judicializó ¿Qué señales se dan con estas acciones?
Siendo el litio un material no concesible, la única opción que tiene hoy el Estado chileno para incorporar capital privado en otros salares es a través de los contratos de explotación y operación (CEOL). El tema es que, al hacerlo al final de un gobierno, sin identificar los lugares donde se podría realizar, y habiéndose cerrado el Comité de Minería No Metálica y de Gobernanza de los Salares –que yo armé en la Corfo y que tenía como meta principal abordar el tema de valor agregado y la sustentabilidad–, lo que hay es una desconfianza extrema de todos los actores, en particular de las comunidades indígenas. Además, en un momento constitucional como el de ahora, polariza las posiciones. Al final, se genera una situación mucho más complicada para el rol del sector privado en la minería.
– ¿Comparte la idea de reactivar el Comité de Gobernanza de Salares?
Es imprescindible. Si el Gobierno actual lo hace, dará una señal muy importante en materia de sustentabilidad, transparencia e inclusión. En ese Comité participan servicios como la Dirección General de Aguas y la Superintendencia del Medio Ambiente. Además, participan académicos, que son independientes, y en la última aprobación que hicimos, en 2017, había dos representantes de las comunidades atacameñas. Se debiera mostrar que el Estado tiene una estrategia, y ojalá junto con ello poner en marcha el Instituto de Tecnologías Limpias, para traer nuevas tecnologías que no evaporen como las actuales.
Cerrar la llave del litio en Chile sería un atentado contra la humanidad. El litio es fundamental para el almacenamiento de energía, tanto en vehículos como en las redes de energías intermitentes, como son las renovables. El mundo necesita avanzar hacia la carbono neutralidad y Chile es clave esta lucha contra el cambio climático..
– A su juicio ¿es necesaria una Empresa nacional del Litio?
En la explotación de nuevos salares esa empresa podría tomar un liderazgo asociándose con el sector privado para introducir nuevas tecnologías, por ejemplo, en Maricunga. Hoy lo está haciendo Codelco, a contrapelo, porque no le interesa el tema. Si da más confianza que haya una empresa estatal, que sea minoritaria en participación y que se asocie con líderes mundiales que puedan transferir tecnología. Incluso las comunidades indígenas podrían ser socios minoritarios.
Hay que pensar en lo que es técnicamente razonable, pero también entender que existe una enorme desconfianza. Han sido multadas varias empresas en el Salar de Atacama por daños ambientales. Frente a esa situación uno busca esquemas donde aprovechar las capacidades del sector privado para atraer capital y tecnología, y el Estado aporta el recurso y por eso tiene una participación.
– ¿Codelco debiera desprenderse de sus activos de litio?
Que se los entregue a esa empresa y que ésta se asocie con el sector privado.
HIDRÓGENO Y MINERÍA VERDE
– Respecto del hidrógeno verde, ¿cuál es su real potencial?
Lo que ha ocurrido en el mundo con la invasión de Rusia a Ucrania nos muestra la necesidad, para Europa y Japón, de tener alternativas al gas natural ruso. La conclusión de la Comunidad Europea es que hay que acelerar la transición energética y en particular mencionan al hidrógeno verde, que se produce con energías renovables. ¿Y cuál es el país que tiene el mayor potencial del mundo en energías renovables? Chile. Y es también el que tiene la mayor disponibilidad de territorio.
Chile efectivamente tiene las mejores condiciones del mundo, pero eso no basta. Se necesitan marcos regulatorios, tener la licencia social y atraer decenas de billones de dólares en inversión. Acá también existe una ventana de oportunidad y los países que primero lo hagan (están Arabia Saudita, Brunei, Marruecos, Australia, todos con proyectos, y Chile) van a dar una señal al mercado de que se puede, y los capitales van a fluir hacia esos países.
Hay una enorme externalidad positiva de hacer un proyecto grande y rápido. El Estado chileno no tiene los capitales, necesitamos inversión extranjera enorme, y si eso no está claro, estamos mal. El componente de costo más importante es capital, por lo tanto, el riesgo país, el cumplimiento de la ley y las seguridades que se dan para este tipo de inversiones pasan a ser fundamentales.
– ¿Hace falta una nueva política pública para el desarrollo del hidrógeno?
Hay una estrategia, pero hoy lo que se requiere es ir a conversar con la Unión Europea y Japón, y hacer una alianza estratégica para ayudarles a resolver su problema. Los capitales son abundantes en esos países y tienen un enorme interés. Además, su compromiso de descarbonización lo pueden cumplir en parte realizando proyectos que descarbonicen en Chile.
Es sabido que la penetración de energías renovables intermitentes nos está generando un problema de seguridad en el sistema eléctrico y el hidrógeno permite el almacenamiento inter-estaciones o para una noche larga, sustituyendo el uso de petróleo diésel. Con un acuerdo podemos resolver este tema de seguridad y avanzar en la descarbonización del sistema eléctrico, y además nos pueden pagar. Hoy Japón está pagando US$35 la tonelada de CO2.
– En general, ¿cómo ve la institucionalidad e infraestructura para la innovación existente en Chile?
La innovación y el I+D en el sector privado es nuestro talón de Aquiles desde el punto de vista del crecimiento y de la productividad. Desde 2005 la productividad total de factores viene negativa o estancada. Y la minería es donde más ha caído la productividad. Se puede atribuir a factores exógenos, pero siempre se puede innovar.
Cuando uno mira cuánto es el esfuerzo en innovación y desarrollo de la minería chilena en comparación con la australiana, es 1 a 10 en recursos y 1 a 20 en personal dedicado a innovación. Estamos en deuda. De alguna manera el ecosistema no ha funcionado para promover la inversión privada de las corporaciones.
La buena noticia está en los start ups tecnológicos, que están desafiando a las empresas establecidas. Esa también es una oportunidad en la medida que se desarrolla el corporate venture capital; donde las grandes que tienen dificultades para innovar invierten en start ups y se genera un dinamismo nuevo.
PROCESO CONSTITUCIONAL
– Mirando el debate al interior de la Convención Constitucional, ¿qué opina de la discusión que se ha dado sobre los recursos naturales?
En mi opinión, los recursos hídricos, los mineros, deben ser bienes nacionales, es decir, pertenecen al Estado. Este, a través de mecanismos de concesión debe permitir que el sector privado invierta y desarrolle proyectos, poniendo todas las prioridades pertinentes, como consumo humano y temas medioambientales.
Pero la posición de la Comisión de Medio Ambiente de estatizar, es volver a la lógica ideológica de los años ‘60. Tengo la confianza de que esas propuestas, que generarían mucho daño a Chile, no van a ser aprobadas en el pleno. Eso no obsta poner en la Constitución los temas de cuidado del medioambiente, principios precautorios, entre otros. Las constituciones modernas lo tienen, pero no vayamos a posiciones extremas. Uno no puede hacer una Constitución para un grupo de la sociedad, cuando esto debe ser la casa de todos.
– ¿Debiera preservarse el modelo minero chileno mixto, basado en Codelco, mediana y pequeña minería, y gran minería privada?
En la minería verde, el Estado aporta recursos, pero los mineros se comprometen a priorizar la innovación en sustentabilidad. A su vez, cuando hay súper ciclos de precios, la minería debería aportar más al Estado chileno. No en la forma (de royalty) que salió de la Cámara de Diputados, que hace inviable muchas actividades mineras y hace muy difícil invertir a largo plazo.
Pero en el Congreso podemos llegar a un acuerdo de un mecanismo de regalía que, cuando los precios suben significativamente, la recaudación para el Fisco aumente también significativamente. Ese es el nuevo trato, pero en ningún caso estatizar la minería.
– ¿Ve riesgos para las concesiones mineras?
Hoy estamos corriendo riesgo en las concesiones mineras y de obras públicas. De la comisión constitucional viene una estatización de la economía que no corresponde a estos tiempos. Sí corresponde que el Estado tenga más capacidad regulatoria, un rol proactivo en cambiar la matriz productiva. Y el principal cambio es hacerla verde, sustentable. Eso puede ser un gran acuerdo público-privado.
