ACADES y el Consejo Minero valoraron la iniciativa en la Cámara de Diputados, pero advirtieron la necesidad de ajustar plazos, evitar duplicidades y garantizar continuidad operativa para comunidades y sectores productivos.
En una sesión clave para la agenda hídrica del país, el director ejecutivo de ACADES, Rafael Palacios, y el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, expusieron ante la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados en el marco de la discusión del proyecto de ley que regula el uso de agua de mar para la desalinización. Ambos gremios destacaron la urgencia de contar con un marco normativo claro y moderno para enfrentar el déficit hídrico estructural que afecta a diversas regiones, resguardar el abastecimiento de comunidades y dar viabilidad a sectores productivos como la minería.
Palacios advirtió que la escasez de agua continental ya amenaza el suministro humano y la competitividad de múltiples industrias, por lo que la desalación y la reutilización de aguas residuales se han vuelto herramientas esenciales para la sostenibilidad del país. Valoró que la propuesta entregue una base institucional robusta, pero enfatizó la necesidad de revisar la obligación de retirar infraestructura al término de las concesiones, señalando que las plantas desaladoras son activos estratégicos que operan por más de seis décadas y no deberían ser desmanteladas mientras estén operativas y cumpliendo un rol crítico para ciudades y comunidades.
Villarino coincidió en la importancia de perfeccionar el proyecto y recordó que la minería aporta más del 80% de la capacidad de desalinización del país, gracias a inversiones de largo plazo que han permitido reducir la presión sobre acuíferos continentales. Subrayó que una ley moderna debe garantizar continuidad operativa, eliminar duplicidades administrativas y entregar certezas regulatorias que permitan seguir avanzando en infraestructura hídrica estratégica. Destacó además que la disponibilidad de agua de mar ha sido decisiva para sostener la producción en zonas de estrés hídrico, con un uso que en la última década creció de 1,7 a 7,8 metros cúbicos por segundo.
Tanto ACADES como el Consejo Minero plantearon observaciones técnicas relacionadas con los plazos de concesión —30 años renovables una sola vez—, considerados insuficientes para proyectos cuya vida útil supera con creces ese período. También alertaron sobre la posible duplicidad de trámites al superponerse las evaluaciones del ministerio competente con las de la Dirección General de Aguas, lo que podría generar retrasos y mayores niveles de incertidumbre para nuevas plantas desaladoras.
Ambos gremios reafirmaron su apoyo a la iniciativa y su disposición a contribuir con información técnica y propuestas de mejora, con el objetivo de asegurar que la nueva regulación fomente la inversión, otorgue certezas, evite interrupciones en servicios esenciales y permita acelerar soluciones concretas frente a la crisis hídrica que afecta a amplias zonas del país.
