La última versión del Programa de Trabajo para la Transición Justa eliminó toda referencia a los minerales críticos, pese a su rol central en la descarbonización. Países del Sur Global y organizaciones advierten que omitir su gobernanza debilita la ambición climática y profundiza las asimetrías con el Norte.
La discusión climática en Belém entró en un punto crítico tras conocerse la nueva versión del texto del Programa de Trabajo para la Transición Justa, que dejó fuera cualquier mención a los minerales necesarios para la electrificación y el despliegue de energías renovables, como cobre, litio, níquel y cobalto. La exclusión generó preocupación en países productores y expertos del sector, quienes sostienen que omitir la gobernanza de estos recursos dificulta cumplir los compromisos de la COP30, especialmente la meta global de triplicar las energías renovables al 2030.
Durante la Tercera Mesa Redonda Ministerial de Alto Nivel sobre Transición Justa, diversas delegaciones subrayaron que los minerales de transición son un componente indispensable para una descarbonización rápida y sostenible. El grupo africano advirtió que el programa debe reconocer su rol y garantizar oportunidades de desarrollo para los países que hoy concentran la extracción. Uruguay señaló que la transición energética corre el riesgo de reproducir desequilibrios históricos si los países del Sur continúan siendo proveedores de materia prima sin capturar valor industrial. Somalia, en tanto, enfatizó la necesidad de asegurar desarrollo local, salvaguardas ambientales y diversificación económica.
La preocupación también se trasladó a organismos especializados y observadores del proceso. Desde el Natural Resource Governance Institute, Pedro Zapata sostuvo que excluir los minerales del texto de transición justa debilita la capacidad de acelerar renovables y profundiza las desigualdades que históricamente han afectado a los territorios mineros. Para organizaciones como Climate Action Network International y Resource Justice Network, el retroceso en salvaguardas y la ausencia de lineamientos sobre cadenas de valor pone en riesgo la credibilidad del resultado de la COP.
Líderes indígenas también expresaron inquietud, destacando que la exclusión del tema contradice los impactos que ya enfrentan comunidades afectadas por nuevas fronteras extractivas. El llamado fue a reincorporar criterios de derechos humanos, consentimiento libre e informado y mecanismos de protección para pueblos en aislamiento voluntario.
El debate tomó mayor relevancia tras la reciente muerte de más de treinta mineros artesanales en la República Democrática del Congo, un hecho que recordó la urgencia de abordar estándares globales para una minería que será cada vez más demandada por la transición energética.
En las últimas horas, negociadores de varios bloques —entre ellos la Unión Europea, el Grupo Africano de Negociadores y el Grupo de Integridad Ambiental— insistieron en devolver los minerales al texto. Sin embargo, la oposición de una potencia clave mantiene trabadas las conversaciones. Según expertos, dejar fuera la gobernanza minera sería un mensaje contradictorio para una COP que busca fortalecer la ambición climática y avanzar hacia cadenas de suministro más responsables.
A pocas horas del cierre, el desafío para los países es lograr un acuerdo que reconozca explícitamente el rol de los minerales de transición y establezca principios mínimos para su gestión en un contexto de creciente demanda global. Para múltiples actores en Belém, la COP30 aún tiene margen para corregir el rumbo y asegurar que la transición energética no repita los patrones extractivos del pasado, sino que avance con mayor equidad, trazabilidad y protección socioambiental.
