[Opinión] Marco Regulatorio y Desafíos de la Desalinización

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Por Daniel Weinstein, socio en Urzúa Abogados, experto en temas de minería y de desarrollo de proyectos mineros, de energía y desalinización.

Como todos sabemos, Chile se enfrenta a la urgente necesidad de satisfacer la creciente demanda de agua, tanto para el consumo humano como para usos industriales, y en especial para el sector minero. Al tener nuestro país una extensa costa, la desalinización emerge como la solución ideal para la escasez de agua dulce. Chile cuenta con plantas desalinizadoras con una capacidad combinada de 8.000 litros por segundo. Según el Consejo del Cobre de Chile (Cochilco), se proyecta que para 2033 el 71% del agua utilizada en la minería del cobre sea agua desalada. Para poder satisfacer esta demanda de agua, tanto para la minería como para otros usos que requieren agua desalada, será necesario construir más plantas desalinizadoras en un futuro cercano.

Sin embargo, Chile carece de un marco regulatorio integral para la desalinización, lo que genera incertidumbre para los inversionistas, pudiendo obstaculizar el desarrollo de la industria. La falta de regulación y la incertidumbre resultante también afectan la capacidad para obtener financiamiento de los desarrolladores de proyectos que buscan proveer agua desalada a terceros, ya que las instituciones financieras suelen buscar una mayor certeza.

En la práctica, la ausencia de un marco regulatorio especializado significa que los desarrolladores de plantas desalinizadoras deben enfrentar un proceso complejo para obtener permisos de diversas agencias gubernamentales, la mayoría de los cuales originalmente fueron diseñados para proyectos distintos de plantas desalinizadoras. De manera similar, quienquiera que extraiga agua de mar y produzca agua desalada deberá cumplir con una serie de regulaciones que se encuentran dispersas en distintos cuerpos legales.

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El enfoque regulatorio que adopta un país en cuanto al derecho de uso del agua desalada puede tener implicaciones significativas. En Chile y en otros países, el agua desalada se considera un producto industrial de propiedad de su productor, ya sea debido a regulaciones específicas o a la falta de ellas. En consecuencia, los desarrolladores de plantas desalinizadoras tienen el derecho de suministrar agua desalinizada a las minas sin necesidad de contar con un derecho especial sobre o para proveer dicha agua.

«Si bien Chile ha avanzado considerablemente en la industria de la desalinización en comparación con otros países de América Latina, aún se requieren inversiones importantes en plantas de desalinización en los próximos años. Estas inversiones son necesarias para satisfacer las necesidades de la industria minera y el consumo residencial».

Sin embargo, en ciertas jurisdicciones, la propiedad y/o el derecho de uso del agua desalada pueden estar restringidos. En circunstancias específicas, las autoridades pueden desviar el agua destinada a los proyectos mineros para otros usos, como el consumo residencial. En casos en los que estos poderes carecen de límites claros, los potenciales desarrolladores o financistas de proyectos de desalinización consideran cuidadosamente estas limitaciones antes de invertir, ya que las ganancias o beneficios proyectados podrían no materializarse.

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Para fomentar la construcción de plantas desalinizadoras en Chile, es crucial que el país establezca una legislación clara que promueva la inversión en el sector, garantice la viabilidad de las iniciativas de desalinización y proporcione un suministro confiable de agua a sus ciudadanos. Las siguientes recomendaciones tienen por fin lograr estos objetivos:

1. Desarrollar regulaciones integrales que aborden cada etapa del proceso de desalinización. Establecer regulaciones sistemáticas que abarquen la extracción de agua de mar, la producción de agua desalada, el transporte y su uso final. Esto debería incentivar el desarrollo de plantas desalinizadoras, pues ya no se requerirán decenas de permisos de distintas autoridades sectoriales, dando además mayor certeza a los desarrolladores y financistas.

2. Regular el escenario en los que sea un tercero quien construya, sea dueño y opere una planta desalinizadora que venda agua a una mina. En tales casos, los desarrolladores financian y construyen la planta, siendo ellos su dueño, y no la compañía minera. No reconocer este escenario genera la una confusión sobre quién debe solicitar los permisos, e incluso que se deban pedir permisos innecesarios. Asimismo, genera implicaciones legales, pues los tribunales pueden considerar a la mina como el propietario de la planta y al desarrollador como un simple contratista, haciendo a la primera solidariamente responsable en los casos en que el mandante responde por ciertos hechos del contratista.

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3. Garantizar el derecho de uso del agua desalinizada para el usuario final. Dado la inversión significativa requerida para construir plantas desalinizadoras, es esencial proporcionar garantías a los desarrolladores de proyectos, usuarios finales y financistas de que se protegerá su derecho de uso y/o venta de agua. El agua desalada es un producto de procesos industriales, no un recurso natural. Por lo tanto, es crucial establecer derechos de propiedad o uso que no puedan ser revocados o alterados, excepto en casos excepcionales, y siempre pagando lo que corresponda a título de indemnización. Esto no significa que el desarrollador de una planta desalinizadora no pueda, voluntariamente, acordar con las comunidades cercanas el otorgamiento de cierta cantidad de agua gratis. Más aún, esto debería ser considerado como una buena práctica, que permite al desarrollador y/o a la mina obtener la licencia social para operar.

Si bien Chile ha avanzado considerablemente en la industria de la desalinización en comparación con otros países de América Latina, aún se requieren inversiones importantes en plantas de desalinización en los próximos años. Estas inversiones son necesarias para satisfacer las necesidades de la industria minera y el consumo residencial. Para mantener su atractivo para los inversores, Chile debe promulgar regulaciones que incentiven y promuevan el establecimiento de plantas de desalinización, pues es crucial no poner en riesgo ni la industria minera ni el consumo humano debido a la escasez de agua.