El avance de explotaciones al margen de la ley genera tensiones en zonas productivas del país vecino, mientras que nuestra experiencia chilena destaca por su enfoque público-privado en el resguardo del desarrollo minero.
El crecimiento de la minería informal en Perú ha encendido las alertas del sector minero e inversionistas internacionales. Según Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), “el avance imparable de la minería informal e ilegal representa el mayor temor para los inversionistas del sector” (Mining.com). Esta situación amenaza con frenar nuevos proyectos, socavar la producción formal y profundizar conflictos sociales y ambientales.
Uno de los principales riesgos es la invasión de concesiones legales por parte de operadores informales, lo que ha afectado ya a más de 20 empresas formales. “La situación está poniendo en riesgo miles de millones de dólares en inversiones”, advierte Torreblanca. A esto se suma la pérdida de recaudación fiscal, la expansión del crimen organizado y la degradación ambiental, con casos vinculados a trata de personas y narcotráfico en zonas mineras.
Se estima que cerca del 40% del oro exportado por Perú proviene de operaciones informales. Aunque el cobre aún se produce mayoritariamente en el sector formal, el alza sostenida en su precio global podría incentivar su extracción ilegal a mayor escala.
El caso chileno: minería formal, trazable y controlada
En contraste, Chile ha logrado evitar la proliferación de la minería informal gracias a una institucionalidad robusta y políticas públicas activas. De acuerdo con expertos del sector, en Chile “los casos que vemos son más bien de robo en minas activas o abandonadas, no existe minería ilegal organizada”. El país es considerado un modelo regional en control, formalización y trazabilidad.
Uno de los factores clave es la trazabilidad exigida a los minerales, que impide la entrada de producción ilegal al mercado. A esto se suma una política de incentivos, como la rebaja de la patente minera, que facilita el acceso legal a pequeños productores. El control estatal sobre las compras, exportaciones y cooperativas mineras también ha sido crucial para cerrar espacios a la informalidad.
El rol estratégico de Enami
Pero el principal blindaje chileno ha sido la acción de la Empresa Nacional de Minería (Enami), que desde hace más de seis décadas actúa como poder comprador, procesador y promotor de la pequeña y mediana minería formal. Enami garantiza a los pequeños productores condiciones de mercado, acceso a financiamiento, asesoría técnica y cumplimiento normativo.
“Enami ha sido una herramienta fundamental para evitar que el negocio minero en Chile caiga en manos de mercados informales o de actores sin regulaciones”, sostienen analistas del sector. Gracias a esta política, Chile ha logrado incorporar a casi todos los pequeños mineros dentro del marco legal, manteniendo altos estándares laborales y ambientales.
La experiencia chilena demuestra que, con una estrategia integral basada en control, incentivos y apoyo técnico, es posible evitar los impactos negativos de la minería informal. Frente a la amenaza que enfrenta Perú, el modelo chileno aparece como un caso de estudio para diseñar políticas públicas efectivas que protejan el desarrollo minero sostenible en la región.
