El gremio destacó que el Gobierno optara por no avanzar en la definición inicial y llamó a instalar mesas de trabajo multisectoriales para asegurar una implementación equilibrada que resguarde la biodiversidad sin afectar el desarrollo productivo.
La Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) valoró la decisión anunciada por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, de no avanzar por ahora en la definición del primer listado de sitios prioritarios establecidos en la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), mientras no se revisen en profundidad todos los antecedentes técnicos y sectoriales.
El presidente de SONAMI, Jorge Riesco, calificó el anuncio como una señal positiva y necesaria. “Valoramos esta decisión que era absolutamente necesaria y da cuenta de que el Gobierno ha comprendido la importancia de construir políticas públicas equilibradas que protejan la biodiversidad sin sacrificar el desarrollo económico que el país requiere”, afirmó.
La posición del gremio surge luego de que, en semanas recientes, diversas organizaciones productivas del país —convocadas por SONAMI— manifestaran su preocupación por la elaboración preliminar del listado de 99 sitios prioritarios propuesto por el Ministerio de Medio Ambiente. Según Riesco, ese proceso mostraba señales de “apresuramiento”, falta de sustento técnico y escasa consideración hacia los sectores productivos involucrados.
En este contexto, SONAMI reiteró su llamado al Ministerio para avanzar en instancias de participación amplias y técnicas. “Esperamos que se conformen las mesas de trabajo y el diálogo necesario para lograr un análisis técnico acabado sobre este tema. Como gremio, reiteramos nuestra disposición a colaborar en la revisión de los sitios prioritarios, aportando propuestas concretas que permitan resguardar la biodiversidad sin afectar innecesariamente actividades que son vitales para el desarrollo productivo”, señaló Riesco.
El dirigente agregó que la coordinación entre los gremios productivos ha sido clave para visibilizar los riesgos de una mala implementación. “La unión de los principales gremios productivos de Chile ha demostrado que, cuando el sector privado trabaja coordinadamente, podemos contribuir a mejorar las políticas públicas y evidenciar que una mala implementación tiene costos enormes para el desarrollo y el progreso del país”, sostuvo.
Desde la entidad minera afirmaron que continuarán trabajando junto a otros gremios para promover una implementación responsable de la Ley SBAP, que garantice la protección de la biodiversidad, pero que también considere las necesidades del desarrollo económico, la inversión y el empleo en los territorios.
