Comisión de Medio Ambiente despacha proyecto que acota las resoluciones apelables y regula los recursos de casación para fortalecer la seguridad jurídica en materia ambiental.
La Comisión de Medio Ambiente del Congreso ha despachado a la Sala un relevante proyecto que introduce modificaciones a la Ley 20.600, que establece la creación de los Tribunales Ambientales en Chile. Este proyecto, que se encuentra en segundo trámite constitucional, busca clarificar y definir con precisión los casos en que procede el recurso de apelación y casación en los procesos ambientales, una medida que se considera vital para la seguridad jurídica y la eficacia en la administración de justicia en materia ambiental.
Un aspecto clave de esta iniciativa es que delimita explícitamente las resoluciones que pueden ser impugnadas mediante el recurso de apelación dentro de los procedimientos ante los Tribunales Ambientales. De acuerdo con el texto del proyecto, solo se podrán apelar las resoluciones que declaren inadmisible una demanda, que reciban la causa a prueba o que finalicen el proceso. Esto representa una reducción considerable en las instancias donde se podía antes presentar apelaciones, centrando el enfoque en las decisiones más críticas y relevantes del proceso judicial.
El nuevo mecanismo establece que cualquier apelación deberá ser presentada ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dependiendo de la ubicación del Tribunal Ambiental involucrado, y abarcará un plazo de diez días hábiles desde la notificación de la resolución desafiada. Este protocolo busca aumentar la agilidad y eficiencia de los procesos apelativos, además de favorecer un manejo de tiempo más efectivo, lo que permitirá a las partes involucradas contar con mayor claridad en cuanto a sus derechos y plazos procesales.
Además de la apelación, el proyecto también contempla la posibilidad de un recurso de casación en el fondo, que solo procede si la sentencia dictada por los Tribunales Ambientales incurre en una infracción de ley que impacte sustancialmente la resolución del fallo. Esta medida busca proteger el debido proceso y garantizar que las decisiones respeten estrictamente las normativas vigentes. Asimismo, se introducen causales específicas para interponer un recurso de casación en la forma, buscando también asegurar que se mantenga la integridad del procedimiento judicial.
Por último, se establece que las partes deben presentar el recurso de casación ante el mismo Tribunal Ambiental que emitió la resolución, el cual luego lo remitirá a la Corte Suprema, donde se dará prioridad a la tramitación. La normativa también especifica que ante esta Corte, solo se podrá presentar prueba documental, a menos que por iniciativa propia se decidan incorporar otros medios probatorios. Con estas reformas, el legislador busca no solo modernizar el sistema judicial en temas ambientales, sino también promover una mayor responsabilización y coherencia en las decisiones judiciales referentes a la protección del medio ambiente.
