Gobierno busca acelerar permisos mineros para destrabar cartera de inversiones por más de US$100.000 millones

La propuesta contempla simplificar cerca de 200 trámites y reducir en un 30% los tiempos de aprobación, manteniendo los estándares ambientales.

El gobierno de Chile impulsa una agenda para acelerar la tramitación de permisos en el sector minero, con el objetivo de habilitar una cartera de inversiones que supera los US$100.000 millones y mejorar la competitividad del país en la industria.

El ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, señaló que el Ejecutivo trabaja con foco en otorgar mayor certeza jurídica, clarificar reglas y reducir cuellos de botella en los procesos regulatorios, elementos clave para el desarrollo de nuevos proyectos.

La iniciativa contempla la creación de un nuevo marco de permisos sectoriales que permitiría simplificar aproximadamente 200 procedimientos y reducir los tiempos de tramitación en torno a un 30%, sin modificar los estándares ambientales vigentes.

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“Nuestro objetivo es simplificar, agilizar y entregar respuestas oportunas, entendiendo que detrás de cada proyecto detenido existen empleos e inversión que no se concretan”, indicó la autoridad.

El plan se enmarca en una estrategia más amplia para fortalecer la atracción de inversión, en un contexto donde la minería continúa siendo un eje central del crecimiento económico, la generación de empleo y los ingresos fiscales del país.

De acuerdo con estimaciones oficiales, una mayor eficiencia en la aprobación de proyectos podría generar más de 20.000 empleos permanentes, asociados tanto a nuevas iniciativas como a expansiones y desarrollos en curso.

En las últimas semanas, diversos proyectos de gran escala han ingresado al sistema de evaluación ambiental, entre ellos la continuidad operacional de Minera El Abra —desarrollada por Freeport-McMoRan y Codelco—, la nueva planta concentradora de Escondida | BHP, y el proyecto de extracción directa de litio de Albemarle.

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En paralelo, el gobierno evalúa introducir cambios legales y administrativos adicionales para reducir cargas regulatorias, junto con priorizar áreas como la exploración minera, la ampliación de operaciones existentes y el reprocesamiento de relaves y minerales secundarios.

Estas medidas buscan reforzar el posicionamiento de Chile en un contexto global marcado por la creciente demanda de cobre, litio y otros minerales críticos, fundamentales para la transición energética y el desarrollo tecnológico.