[Opinión] María Paz Pulgar analiza los puntos principales de la Estrategia Nacional del Litio

María Paz Pulgar

La destacada abogada experta en minería y Counsel en Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria nos comparte gentilmente esta «Alerta Legal», publicada por el estudio de abogados.

El 20 de abril recién pasado, el Gobierno de Chile anunció la Estrategia Nacional del Litio (en adelante, la “Estrategia”), la cual busca fomentar el desarrollo de la industria minera del litio, aportar a la diversificación productiva y potenciar el desarrollo regional de Chile en esta materia.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

  1. La Estrategia Nacional del Litio no considera ningún cambio legal al Estatuto Jurídico del Litio actualmente vigente.
  2. No se otorgan nuevos derechos ni se reconocen preferencias a las concesiones mineras constituidas bajo el régimen de 1982, manteniéndose la situación actual. 
  3. La Estrategia Nacional del Litio no considera, ni expresa ni tácitamente, la nacionalización del litio, como erróneamente ha sido informado por algunos medios, ni implica dejar de reconocer los derechos de las concesiones mineras anteriores al año 1979 para poder desarrollar proyectos de litio. 
  4. Principalmente, se definen directrices para fomentar el desarrollo de la industria del litio, aplicando el marco regulatorio actualmente existente, la gran mayoría de las cuales no requieren modificaciones legislativas. 
  5. Por el momento, y salvo que se dicten nuevas leyes al respecto, los anuncios realizados por el Gobierno no serían exigibles ni vinculantes, por lo que podrían ser modificados.

ESTRATEGIA NACIOAL DEL LITIO

La Estrategia considera lineamientos y principios generales, los cuales desarrolla con bastante poco detalle, por lo que la forma en que se definirán estas directrices será determinada en el futuro. Algunas de las medidas anunciadas requieren cambios legislativos (como la creación de la Empresa Nacional del Litio). Sin embargo, la mayoría de ellas solo implica la aplicación del marco normativo actualmente existente. 

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Es relevante mencionar que el discurso realizado por el Presidente Boric al realizar el anuncio agregó información que no se encuentra detallada en la Estrategia propiamente tal, por lo que éste ha sido considerado como parte integrante de la Estrategia para los fines del presente documento. 

Los principales ejes anunciados son los siguientes:

  • Participación del Estado.

En una primera etapa, el Estado de Chile participará en la industria del litio a través de la Corporación Nacional del Cobre (“CODELCO”) y la Empresa Nacional de Minería (“ENAMI”).

En paralelo, se dará inicio a la creación de una nueva empresa estatal, la EMPRESA NACIONAL DEL LITIO, la cual tendrá por objeto articular los esfuerzos futuros de acción público-privada, de modo de aumentar la producción nacional, atraer nuevos actores e inversiones para el desarrollo de proyectos de agregación de valor y expandir la industria a través de iniciativas conjuntas y estará a cargo de explotar los salares bajo una articulación público-privada.

  • Contratos actualmente existentes.

Se le otorga una atención especial al Salar de Atacama, donde, como mencionábamos anteriormente, se desarrollan los dos proyectos de litio actualmente en operación, de SQM y Albemarle, sobre la base de contratos suscritos con el Estado de Chile. 

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Respecto de dichos contratos, se indicó expresamente que éstos serán respetados hasta su duración legal, sin perjuicio de la iniciativa estatal de renegociar su estructura con los respectivos beneficiarios, de manera de lograr 

una mayor participación del Estado antes de sus vencimientos. 

  • Colaboración Público-Privada

La Estrategia propone una participación activa de los privados, estando el Estado a cargo de determinar la visión estratégica de largo plazo y la regulación en materia de sostenibilidad y reinversión en el desarrollo del país. Los particulares, en cambio, aportarán el capital, la innovación tecnológica y las redes en el mercado.

Se distinguen supuestos diferentes de asociación entre el Estado de Chile y los privados, dependiendo de la ubicación del proyecto de que se trate, sin perjuicio de lo cual, todos ellos conllevan la participación del Estado: 

  • Salar de Atacama: En caso de que se establezcan asociaciones público-privada en el Salar de Atacama, éstas serán controladas por el Estado a través de Codelco. 

Enami y Codelco podrán decidir la conveniencia de asociarse con particulares respecto de sus proyectos en el Salar de Atacama. 

  • Otros salares: Respecto de los otros salares susceptibles de explotación, se otorgarán contratos de exploración a privados a través de procesos públicos, transparentes e informados de licitación, sin perjuicios de los trabajos que pueda realizar el Estado directamente.   
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En caso de que los resultados de la exploración muestren potencial, el privado tendrá una opción preferente para solicitar un contrato de explotación en asociación con alguna empresa del Estado.

Respecto de proyectos de “valor estratégico del país” (concepto que no ha sido aún definido), esta asociación deberá tener una participación mayoritaria del Estado. En otras palabras, si el proyecto no es considerado como de valor estratégico del país, no sería obligatorio que el Estado de Chile tenga una participación mayoritaria. 

ACTIVIDADES Y MEDIDAS ANUNCIADAS POR EL GOBIERNO

  1. Proyecto de Ley para la creación de la Empresa Nacional del Litio.
  2. Creación del Instituto Público del Litio y Nuevas Tecnologías (segundo semestre 2023).
  3. Estrategia para la entrada del Estado como actor productivo en el Salar de Atacama (implementación 2023 y operación a contar de 2024).
  4. Mecanismo para exploración y catastro de recursos de salares diferentes del Salar de Atacama.
  5. Proceso participativo, a nivel nacional y con las comunidades locales.
  6. Creación Comité Corfo de Desarrollo Productivo de Litio y Salares (tercer trimestre 2023).

El anuncio realizado inicia una importante discusión para el desarrollo del país, pero aún es necesario definir con claridad cuál será el rol de la participación privada, los incentivos concretos a la inversión y la regulación sectorial y medioambiental que regirá el desarrollo de nuevos proyectos para la exploración y explotación de litio en nuestro país.