La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió un recurso presentado por pescadores a favor del proyecto, ordenando elevar el caso a la Corte Suprema y reactivando la vigencia de la RCA de la iniciativa de Andes Iron.
En un nuevo giro en el prolongado proceso judicial del proyecto Dominga, la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió acoger a trámite un recurso de casación presentado por el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Totoralillo Norte, lo que en la práctica restablece la vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la iniciativa.
La decisión del tribunal implica que el caso será elevado a la Corte Suprema, que deberá pronunciarse de manera definitiva sobre la legalidad de las resoluciones adoptadas en el marco del proceso ambiental del proyecto minero-portuario impulsado por Andes Iron.
El fallo marca un cambio relevante respecto de la resolución adoptada por el mismo tribunal en febrero, cuando había anulado lo dictado por el Primer Tribunal Ambiental, generando un nuevo escenario de incertidumbre para el desarrollo de la iniciativa.
El recurso fue presentado por el sindicato de pescadores de Totoralillo Norte, quienes han manifestado su respaldo al proyecto. Su presidente, Raúl Julio, señaló que existe cansancio en la comunidad frente a la prolongada judicialización del caso, que se ha extendido por más de una década.
Desde la organización enfatizaron que, a su juicio, el proyecto cumple con la normativa ambiental vigente y solicitaron avanzar hacia su aprobación definitiva, poniendo fin a lo que califican como un proceso excesivamente burocrático.
La decisión de la Corte se fundamenta en la detección de eventuales infracciones legales en su pronunciamiento anterior, particularmente en relación con normas contenidas en la Ley N°20.600 y en el Código de Procedimiento Civil.
Según el fallo, las infracciones no operan de forma aislada, sino que responden a un error en la interpretación del alcance de una resolución previa, lo que habría llevado a cuestionar improcedentemente la ejecución de una sentencia firme.
Este nuevo paso vuelve a posicionar a Dominga como uno de los casos emblemáticos de la denominada “permisología” en Chile, reflejando la complejidad del sistema de evaluación ambiental y la judicialización de proyectos de inversión de gran escala.
El proyecto Dominga, ubicado en la Región de Coquimbo, contempla el desarrollo de dos minas a rajo abierto y un puerto, con una vida útil estimada de más de 25 años. Su tramitación ha estado marcada por controversias ambientales, oposición de organizaciones sociales y sucesivas instancias judiciales.
La resolución de la Corte de Apelaciones no cierra el proceso, sino que traslada la definición final a la Corte Suprema, instancia que deberá resolver en última instancia el futuro del proyecto.
