Fallo del Segundo Tribunal Ambiental instruyó al SEA revisar aspectos vinculados al medio humano y marino del proyecto C20+, reforzando las exigencias para la infraestructura hídrica asociada a la minería en el norte del país.
El proyecto C20+ de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi volvió a quedar bajo revisión regulatoria luego de que el Segundo Tribunal Ambiental ordenara al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) realizar un nuevo análisis específico sobre determinados aspectos de su evaluación ambiental. La decisión se centra en materias relacionadas con el medio humano y los posibles impactos sobre el medio marino asociados a la infraestructura hídrica contemplada en la iniciativa.
La resolución judicial no implica una reapertura completa del proceso de evaluación ambiental del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi”, sino una revisión acotada de observaciones específicas vinculadas al uso del borde costero y posibles efectos sobre comunidades indígenas y actividades desarrolladas en el entorno marino.
Entre los antecedentes que deberán ser reevaluados se encuentran aspectos relacionados con el uso del maritorio en sectores como Punta Patache y Puerto Collahuasi, particularmente respecto de observaciones planteadas por asociaciones indígenas reclamantes. Asimismo, el Tribunal instruyó la realización de reuniones bajo el artículo 86 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con el objetivo de determinar si existe una eventual afectación significativa a sistemas de vida y costumbres de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas.
Uno de los puntos técnicos que adquiere mayor relevancia dentro del fallo corresponde a la planta desaladora y sus obras asociadas. La sentencia ordenó revisar antecedentes relativos a la verificabilidad de la velocidad de captación de agua de mar, el comportamiento de la descarga hipersalina sobre el fondo marino y el alcance del plan de vigilancia ambiental.
La determinación adquiere especial relevancia considerando que las plantas desaladoras y la infraestructura hídrica asociada se han convertido en componentes estratégicos para la continuidad operacional de grandes operaciones mineras ubicadas en zonas de escasez hídrica. En el caso de Collahuasi, el proyecto C20+ contempla el uso de agua desalada como parte de una estrategia orientada a disminuir el uso de fuentes continentales.
El fallo también genera implicancias para futuros proyectos de inversión minera. La creciente incorporación de sistemas de desalación y obras costeras para sostener operaciones productivas podría enfrentar mayores exigencias técnicas y regulatorias respecto a la caracterización de impactos sobre ecosistemas marinos y relaciones con comunidades costeras.
La situación adquiere relevancia adicional en Tarapacá debido al peso económico de Collahuasi en la región. La operación minera tiene incidencia en empleo, proveedores, infraestructura logística y actividad económica local, por lo que la continuidad y desarrollo de sus proyectos son observados con atención por distintos actores regionales.
El próximo paso del proceso será la elaboración por parte del SEA del nuevo análisis instruido por el Tribunal, lo que permitirá determinar si las observaciones identificadas quedan suficientemente resueltas para otorgar mayor certeza regulatoria al desarrollo de la infraestructura hídrica considerada en el proyecto.
