Gremios mineros alertaron que la decisión del Segundo Tribunal Ambiental no solo afecta una inversión de más de US$3.200 millones, sino también la estabilidad de proveedores, empleo y competitividad del país.
La reciente decisión del Segundo Tribunal Ambiental de retrotraer parcialmente el proceso de evaluación ambiental del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva” de Collahuasi generó preocupación tanto en la gran minería como en el ecosistema de proveedores del sector.
La iniciativa, valorizada en más de US$3.200 millones y ubicada en la Región de Tarapacá, había obtenido su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en diciembre de 2021 y posteriormente fue ratificada por el Comité de Ministros en agosto de 2023.
Sin embargo, el fallo judicial dejó sin efecto parte de ese proceso, reabriendo la discusión sobre permisología, estabilidad regulatoria y tiempos de tramitación para proyectos estratégicos en Chile.
SONAMI alerta por señales negativas para la inversión
Desde la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), su presidente Jorge Riesco sostuvo que la resolución introduce un escenario de incertidumbre que afecta la confianza para desarrollar inversiones de largo plazo en el país.
“Hoy vemos cómo una iniciativa que fue aprobada por las instancias técnicas hace cinco años, que ya suma inversiones por sobre los US$3.200 millones y que está prácticamente terminada, vuelve a quedar expuesta a incertidumbres regulatorias”, señaló.
Riesco afirmó además que el fallo vuelve a poner sobre la mesa las dificultades que enfrenta Chile para avanzar en proyectos estratégicos debido a la complejidad regulatoria y la falta de estabilidad en los procesos de autorización.
“Resulta difícil compatibilizar el llamado transversal a impulsar el crecimiento económico y destrabar inversiones con decisiones que vuelven a poner en duda permisos ya otorgados por el propio Estado”, indicó.
El dirigente gremial agregó que el país necesita avanzar hacia mayores niveles de certeza para incentivar inversiones responsables en minería y otros sectores estratégicos.
APRIMIN advierte efectos sobre proveedores y empleo
A las críticas se sumó la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN), que advirtió que este tipo de resoluciones no solo impactan a las compañías mineras, sino también a toda la cadena de proveedores y servicios asociados.
“Esta decisión no solo golpea a una compañía, sino que pone en riesgo la estabilidad de todo el ecosistema de proveedores”, señaló el gremio mediante una declaración pública.
Desde APRIMIN enfatizaron que los proveedores planifican inversiones, contratación y desarrollo tecnológico con horizontes de largo plazo, por lo que escenarios de incertidumbre regulatoria afectan directamente la capacidad de seguir invirtiendo e innovando.
“Para que nosotros, los proveedores, podamos seguir invirtiendo, innovando y generando empleo, necesitamos reglas claras, plazos razonables y decisiones consistentes que nos entreguen certezas”, indicaron.
El gremio sostuvo además que Chile debe ser capaz de compatibilizar sostenibilidad e inversión, evitando que ambos conceptos aparezcan como objetivos contrapuestos.
Proyecto clave para Tarapacá y la minería chilena
Collahuasi es uno de los principales actores económicos de la Región de Tarapacá y uno de los mayores productores de cobre del país.
Según cifras citadas por SONAMI, la compañía genera más de 7.000 empleos directos e indirectos y aporta aproximadamente US$4.731 millones a la economía, equivalente al 1,32% del PIB nacional y al 46,8% del PIB regional.
El caso vuelve a instalar el debate sobre cómo acelerar proyectos estratégicos en medio de un escenario global marcado por la creciente demanda de cobre y minerales críticos, junto con la presión por reducir tiempos de tramitación y entregar mayor predictibilidad regulatoria.
