Gremios mineros alertaron que la decisión del Segundo Tribunal Ambiental no solo afecta una inversión de más de US$3.200 millones, sino también la estabilidad de proveedores, empleo y competitividad del país.
Informe preliminar detecta posibles inconsistencias en los datos de diciembre de 2025, abriendo cuestionamientos sobre controles, trazabilidad y gobernanza en la estatal.
El organismo otorgó autorizaciones arqueológicas y conformidades técnicas a proyectos de minería, transporte y energía, facilitando su avance en tramitación ambiental y ejecución.
Proyecto de ley propone regular toda la cadena de valor sin modificar el régimen minero vigente, en un contexto de creciente relevancia geopolítica de estos recursos.
La iniciativa permitirá disminuir hasta en 50% el uso de recursos hídricos, incorporando nuevos estándares de monitoreo y control ambiental.
La cooperación incluirá financiamiento, exploración y reciclaje de recursos estratégicos, junto con un plan conjunto para combatir el crimen organizado.
Los recursos buscan fortalecer la inversión local, reducir brechas territoriales y aumentar la autonomía financiera de los municipios.
Las compañías presentarán estudios paralelos para un rajo compartido, en un modelo que busca optimizar tiempos sin modificar el marco legal vigente.
El organismo concluyó que la operación por US$520 millones se ajustó a derecho y no configuró conflictos de interés ni perjuicio patrimonial.
